La polémica por la caída de los fondos D y E sigue sin respuestas que dejen tranquilos a los afiliados. Las AFP enviaron mails esta semana para explicar lo ocurrido: hablan de tasas, mercados y largo plazo, como si perder una parte importante del ahorro fuera algo natural del sistema. En ninguna aparece la palabra error o equivocación.
Conviene recordar de qué estamos hablando. Esto no es una inversión activa ni una ruleta: son las pensiones, un ahorro que la ley obliga a hacer. El fondo E, además, es voluntario (en los multifondos, a nadie se le obliga a estar en el A y el E, que son los "extremos"). Según datos de la Superintendencia de Pensiones, hay más de 760 mil cuentas en ese fondo, ninguna por asignación automática. Muchos de estos afiliados, posiblemente convencidos de que el más conservador era también el más seguro.
El problema es que la mayoría de los chilenos no entiende cómo funciona su sistema de pensiones, y menos qué es un swap o qué significa alargar la duración de una cartera. Mientras economistas y expertos como Rodrigo Vergara debaten sobre los excesivos riesgos, muchos afiliados solo ven que su saldo bajó y se preguntan qué deben hacer. Por lo mismo, una carta con lenguaje técnico no sirve como respuesta.
Tampoco ayuda que nadie quiera hacerse cargo. La Superintendencia abrió un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras y el Ministerio del Trabajo le pidió antecedentes. El ministro Quiroz dijo que el tema se observaba desde hace años sin que se tomaran mayores medidas. El exministro Mario Marcel, en tanto, recordó que las AFP sabían que venían restricciones a estos instrumentos. Y el exsuperintendente Osvaldo Macías respondió que las medidas ya estaban listas en la administración anterior. Todos se tiran la pelota, pero quienes realmente deben dar la cara -cada AFP, no el gremio- solo mandan un mail sin enfrentar a la opinión pública.
La presión política, mientras tanto, crece, pese a que muchos plantean que se debe evitar la politización de la polémica: ya se habla de una comisión investigadora y de un proyecto para que las AFP compensen a los afiliados. Si hasta le dieron combustible a la dupla PS compuesta por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, quienes hicieron una denuncia penal, y ya aparecieron las primeras querellas por estos hechos.
Al sistema de pensiones le costó 10 años recuperar legitimidad con una reforma que por fin logró un acuerdo transversal. Esa confianza se construyó con mucho esfuerzo y se está destruyendo en solo dos semanas. Las investigaciones dirán si hubo infracciones, pero aún falta por saber qué pasa por la cabeza de la gente que toma decisiones con la plata de los chilenos.