El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, informó que la cartera ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes sobre la caída del fondo E y valoró que el regulador haya iniciado procedimientos sancionatorios contra las siete AFP del sistema.
“Las AFP tienen la responsabilidad de administrar los ahorros previsionales con diligencia y prudencia”, sostuvo el secretario de Estado, quien agregó que la Superintendencia está ejerciendo sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias para determinar si existieron incumplimientos.
Rau afirmó que la caída del fondo E “es una situación que nos preocupa profundamente” y que el Gobierno respalda la investigación.
“Estamos hablando de los ahorros previsionales de millones de chilenos y debemos velar por su adecuada protección”, señaló el ministro.
Plazo de cinco días hábiles
El oficio fue enviado el lunes 19 de octubre y recoge que, según cifras de la propia Superintendencia, el fondo E registró una rentabilidad real acumulada de -10,39% entre enero y septiembre de 2026.
En ese contexto, la cartera solicitó al organismo los antecedentes disponibles sobre esta situación y las medidas adoptadas o en evaluación para resguardar los intereses de los afiliados. Para responder, el Ministerio fijó un plazo de cinco días hábiles desde la recepción del oficio.
“La Superintendencia de Pensiones es el organismo técnico encargado de fiscalizar a las AFP y cuenta con todo nuestro respaldo para ejercer sus atribuciones con independencia y rigurosidad”, explicó el ministro.
“Como Ministerio, estamos haciendo seguimiento de esta situación y evaluaremos las medidas que correspondan a partir de los antecedentes que recibamos”, agregó Rau.
Deberes fiduciarios
El secretario de Estado valoró que los procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia busquen determinar si las siete administradoras incumplieron sus deberes fiduciarios en la gestión de los ahorros previsionales de los afiliados.
“Nuestro compromiso es que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las eventuales responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para fortalecer la confianza en el sistema de pensiones. Los ahorros de los trabajadores deben administrarse con la máxima responsabilidad y prudencia”, concluyó.
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