Señor Director:

He leído con atención la declaración pública emitida por las plataformas de apuestas en línea, en la que valoran la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar a operadores extranjeros para inscribirse, declarar y pagar el IVA Digital correspondiente a los servicios prestados a usuarios en Chile.

Sin duda, la recaudación tributaria constituye un elemento fundamental para el desarrollo de las políticas públicas y el fortalecimiento del Estado. Los impuestos permiten financiar programas sociales, obras de infraestructura, servicios esenciales y diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, todo esfuerzo destinado a fortalecer la capacidad recaudatoria del país merece ser valorado.

Sin embargo, resulta pertinente reflexionar sobre algunos aspectos que generan legítimas interrogantes. En la declaración mencionada se sostiene que esta medida corrige una situación que, desde 2023, impedía a estas plataformas acceder a un mecanismo de cumplimiento tributario similar al de otros prestadores de servicios digitales. No obstante, cabe preguntarse si no existe una contradicción de fondo al facilitar mecanismos de cumplimiento tributario para una actividad cuya regulación aún se encuentra en discusión legislativa y que, hasta hoy, carece de un marco legal plenamente vigente en nuestro país.

La tramitación del proyecto que regula las apuestas en línea continúa su curso en el Senado, por lo que surge una inquietud razonable: ¿no se está otorgando, en los hechos, una señal de validación o reconocimiento a operadores que han desarrollado sus actividades en un contexto de incertidumbre jurídica? Esta interrogante merece ser analizada con responsabilidad y profundidad por parte de las autoridades y de todos los actores involucrados.

Asimismo, cualquier discusión sobre la eventual regulación de las plataformas de apuestas debe considerar necesariamente la protección de las personas más vulnerables frente a los riesgos asociados al juego.

Parte de los recursos que eventualmente recaude el Estado a través de esta actividad deberían destinarse al fortalecimiento de políticas públicas de juego responsable, prevención de la ludopatía y protección de niños, niñas y adolescentes, resguardando siempre su interés superior.

Por otra parte, si el país avanza hacia una regulación de las apuestas en línea, resulta indispensable que ésta otorgue condiciones claras, transparentes y equitativas para todos los actores que deseen participar en el mercado. Mientras la ley no sea promulgada y entre plenamente en vigencia, parece prudente que las plataformas se abstengan de expandir sus actividades publicitarias o promover activamente la captación de nuevos usuarios, evitando generar situaciones que puedan interpretarse como una anticipación de derechos o facultades que aún no han sido establecidos por la legislación.

Valoramos el interés del Servicio de Impuestos Internos por asegurar el cumplimiento tributario y evitar espacios de evasión fiscal. Sin embargo, también es necesario reflexionar acerca de los efectos que estas decisiones pueden generar en la percepción pública respecto de la legalidad y legitimidad de las plataformas de apuestas en línea mientras el debate legislativo continúa abierto.

Se trata de una discusión relevante que exige coherencia institucional, responsabilidad pública y una mirada centrada en el bienestar de las personas y en el interés general del país.

Ángela Carmona
Directora Corporación Juego Responsable
Presidenta Ajuter