Curazao es una isla caribeña de apenas 160 mil habitantes. Aun así, en las últimas dos décadas se transformó en el principal proveedor de licencias para el juego online del mundo.
Sus autorizaciones no las reconocen otros gobiernos y ni siquiera habilitan necesariamente a operar dentro de la propia isla. Pero han bastado para sostener un negocio global que mueve miles de millones de dólares, en gran parte sin regulación en los países donde funciona. Chile es uno de ellos.
Esta semana publicamos en Chócale los primeros reportajes de los Curazao Papers, una filtración de documentos de la Curaçao Gaming Authority que obtuvo un consorcio internacional de periodistas. Los archivos exponen la estructura societaria, los planes de negocio y los estados financieros de cientos de operadores, incluidas marcas que cualquier persona reconoce por la camiseta de un club de fútbol o por el video de algún influencer.
Lo más revelador es que las cifras no salen de estimaciones externas. Las entregan las propias empresas. Estelarbet declaró US$113 millones en apuestas durante 2024 en su operación chilena, con 6.437 jugadores activos al día y un monto promedio por jugador de US$50.
Latamwin, que presenta sus estados financieros en pesos chilenos, registró ingresos de juego por $39.083 millones antes de los bonos y una utilidad neta de $11.164 millones ese mismo año. Algunos operadores proyectan márgenes netos superiores al 50%. No hablamos de un negocio marginal que sobrevive en la informalidad, sino de empresas que proyectan y crecen con planificación en mano.
De hecho, los documentos también muestran cómo crecen. Uno de los operadores proyecta destinar hasta 36% de sus ingresos brutos de juego a marketing durante su primer año. Estelarbet estimó que su gasto publicitario pasaría de unos US$410 mil en 2024 a US$1,4 millones en 2025, un salto que coincidiría con sus auspicios a clubes de fútbol y sus patrocinios a influencers.
Betsala, en una presentación comercial, destaca apuestas diseñadas para el público chileno, incluido el fútbol nacional.
Hay otro dato que merece atención. Estos planes mencionan adquirentes y proveedores de servicios de pago locales, y Latamwin registró $9.225 millones asociados a procesadores de pago en 2024. Dicho en simple: para que una persona en Chile deposite plata en un sitio con licencia caribeña, alguien tiene que mover ese dinero, y eso lo hacen los proveedores de servicios de pago (PSP), los cuales también son mencionados en la filtración.
La discusión, entonces, no se agota en las casas de apuestas. También involucra a la cadena de empresas que les permite cobrar. De hecho, en febrero la Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella contra varios PSP.
Todo esto ocurre sobre un piso legal que parece claro. Varios fallos judiciales, incluida la Corte Suprema, sostienen que explotar comercialmente estas plataformas es ilegal mientras no exista una habilitación específica.
El 21 de septiembre, Subtel informó el bloqueo de 37 nuevos dominios. Pero bloquear páginas termina siendo reactivo ante una industria que demuestra "sabérselas por libro". El proyecto que regula las apuestas en línea y el que busca prohibir su publicidad en clubes y eventos deportivos llevan en el Congreso desde 2022 y permanecen en segundo trámite en el Senado.
La paradoja aparece en los propios documentos filtrados. Estelarbet anticipa que la ley traerá licencias, impuestos especiales y restricciones publicitarias. Advierte que los auspicios deportivos podrían enfrentar límites y que un mercado regulado exigirá sistemas contra el lavado de dinero y verificación de identidad de los clientes. Incluso calcula que el Fisco podría recaudar entre US$600 y US$800 millones al año. Es decir, la industria ya hizo el ejercicio de imaginar cómo será la regulación.
Mientras tanto, el escenario es incómodo para todos. Los operadores que funcionan en Chile lo hacen en un terreno que los tribunales califican como ilegal, pero con marcas visibles y presupuestos publicitarios en alza. Quienes apuestan lo hacen sin un marco local que defina sus derechos. Y el Estado pierde la oportunidad de fijar condiciones, fiscalizar y recaudar sobre un mercado que la firma Yield Sec estima que podría mover hasta US$3.100 millones al año.
Se puede estar a favor o en contra de abrir este mercado. Esa es una discusión legítima. Lo que no parece razonable es seguir postergándola mientras el negocio crece a la vista de todos.
Por supuesto, el mejor escenario sería prohibir las apuestas online de forma explícita en la ley y que todo el ordenamiento jurídico vaya en esa línea. Es decir, entre otras ideas: prohibir el procesamiento de esas transacciones (se puede establecer el bloqueo por rubro para los pagos con tarjetas, conocidos como merchant category code o MCC); prohibir todo tipo de publicidad en plataformas digitales, medios de comunicación y creadores de contenidos; y un bloqueo aún más rápido de DNS y dominios. Es una actividad que debe ser asfixiada, por el bien de nuestros hijos y de todos. Soñar es gratis.
En los próximos días Chócale continuará publicando antecedentes de los Curazao Papers, con la convicción de que un debate informado empieza por saber quién está detrás, cuánto mueve y cómo opera.