El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intensificó esta semana su ofensiva contra las casas de apuestas deportivas en internet, en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU.
A pocos días de las elecciones presidenciales, el mandatario afirmó que "Brasil no va a tolerar ese modelo de negocio" que, según dijo, "transforma el vicio en lucro", "endeudando y destruyendo miles de hogares".
El mandatario convirtió la cruzada contra las apuestas en una de las banderas de su campaña de reelección, argumentando que el sector tiene efectos negativos sobre la salud de la población y agrava el sobreendeudamiento familiar en Brasil.
El discurso en la ONU no quedó solo en palabras. A nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de octubre, Lula firmó un decreto que prohíbe las apuestas online y los casinos digitales en Brasil, un giro que revierte la regulación que su propio Gobierno había impulsado desde 2023. La medida rige desde su publicación en el Diario Oficial, aunque el Congreso tendrá 120 días para convertirla en ley o dejarla sin efecto.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, definió el fenómeno de las apuestas como un problema de salud pública y anunció un proyecto para tipificar como delito la explotación ilegal de este tipo de plataformas. Según el Ministerio de Hacienda, los usuarios tendrán un plazo acotado para retirar los fondos que mantengan depositados antes de que comiencen los bloqueos.
La decisión abrió además un nuevo frente político: Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, acusó a Lula de impulsar la medida con fines electorales y recordó que fue el propio Gobierno el que estableció el marco regulatorio que ahora busca desmontar.
Estudio reveló el peso de las apuestas en la economía brasileña
Un estudio de la Universidad de São Paulo (USP) respalda parte del diagnóstico que llevó al gobierno brasileño a prohibir las apuestas.
Según la casa de estudios, las apuestas online retiraron entre 120.000 y 141.000 millones de reales del consumo de las familias y la actividad económica del país en un año, algo así como US$123 mil millones, un impacto negativo equivalente a hasta 1,1% del PIB nacional. Ese monto representaría entre 40% y 50% de todo el crecimiento económico registrado por Brasil en el mismo período.
El informe también aborda el efecto fiscal de las apuestas. Aunque las plataformas generan ingresos directos por impuestos cercanos a 9.000 millones de reales (US$1.700 millones), la caída en el consumo de los hogares se tradujo en una pérdida neta de recaudación de entre 22.000 y 46.000 millones de reales, según los investigadores.
En el plano del endeudamiento, la casa de estudios sostiene que los recursos destinados a las apuestas podrían explicar cerca del 14% del aumento total de las deudas familiares en Brasil, bajo escenarios de estimación severos.
Los más afectados serían los hogares de menores ingresos, que desplazan gasto en alimentación y cuentas básicas hacia el juego, lo que reduce la demanda agregada y profundiza la desigualdad. El departamento de psiquiatría de la misma universidad reporta además que millones de brasileños presentan conductas de adicción extrema o ludopatía, un factor que -según el estudio- acelera el descontrol financiero de las familias.
Rechazo de los clubes de fútbol
La propuesta generó un duro rechazo de los clubes de fútbol brasileños. Al menos 13 de los 20 equipos de primera división mantienen acuerdos comerciales con casas de apuestas, contratos que en conjunto suman unos 1.000 millones de reales anuales (unos US$193 millones).
Flamengo advirtió sobre el impacto que tendrá la prohibición en el fútbol profesional, mientras Fluminense reclamó un período de transición para adaptarse a la pérdida de esos ingresos.
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías, junto a otras organizaciones del sector, advirtió que una prohibición podría empujar a millones de usuarios hacia plataformas clandestinas, sin mecanismos de protección al consumidor ni prevención de la ludopatía. El Gobierno, en cambio, considera que el nivel de endeudamiento asociado a las apuestas ya no puede abordarse solo con regulación.
Junto con el veto, Lula presentó un programa para renegociar deudas vencidas, con descuentos de al menos 90%, dirigido a obligaciones de tarjetas de crédito y créditos de consumo de hasta 10.000 reales (casi US$2.000) con más de dos años de morosidad.
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