Con la megarreforma ya despachada por el Congreso, el Gobierno de José Antonio Kast anotó su principal victoria legislativa del año. La votación de la comisión mixta cerró el último trámite legislativo de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, tras meses en que el proyecto acaparó por completo la agenda del Parlamento.
Sin embargo, quedan abiertos tres frentes que terminarán de definir su forma final: los vetos que puede ingresar el Ejecutivo, los requerimientos pendientes en el Tribunal Constitucional (TC) y el calendario con que empezarán a regir sus principales medidas.
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Anatocismo y olvido financiero: El veto del ejecutivo
El primero está en manos del propio Ejecutivo. La secuencia es conocida: una vez que el Congreso despacha el proyecto y posterior promulgación, el Gobierno ingresa sus vetos, con los que busca corregir o eliminar normas que los parlamentarios aprobaron. Su presentación se espera para este miércoles.
El número, eso sí, no quedó del todo zanjado. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó tras el comité ampliado en La Moneda de este lunes que serían tres vetos: el anatocismo, el olvido financiero y, en estudio, el pago a 30 días a las pymes, este último a solicitud de las asociaciones del sector.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, matizó y confirmó por ahora solo dos: el anatocismo y el olvido financiero. Ambas normas fueron objetadas técnicamente durante la tramitación, con reparos del Banco Central respecto de la primera y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto de la segunda.
"Son normas que suenan bien y positivas, pero cuando uno las mira técnicamente, en la práctica van a dificultar y encarecer el crédito a las personas", explicó Quiroz. Cada veto, además, vuelve al Congreso, que puede aprobarlo o insistir en el texto original, en un trámite que definirá su redacción final.
Desde la oposición, la senadora y miembro de la comisión de Hacienda del Senado, Daniella Cicardini (PS) criticó la medida: "Hoy día el gobierno tiene la osadía de ingresar un veto para darle la espalda a aquellas personas que están asfixiadas por deudas incobrables o deudas que ya se pagaron hace 10 o 20 años, es tremendamente insólito".
El factor del Tribunal Constitucional
El segundo frente es judicial y el más incierto. Parlamentarios de oposición, desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC), presentaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra distintas normas de la reforma.
Dos de ellos, presentados por senadores, apuntan por separado a la invariabilidad tributaria, el mecanismo que congela las reglas impositivas para grandes inversiones por hasta 20 años, y a la norma que obliga al Estado a indemnizar a empresas cuando un tribunal anula una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El tercero, de diputados, reúne ambos cuestionamientos.
El argumento central de la oposición es que una ley invariable amarra a los congresos futuros y vulnera el principio democrático de alternancia en el poder. El Gobierno replica que el Congreso actual sí puede fijar reglas de largo plazo para dar certeza a la inversión.
Por ahora, el TC no ha resuelto siquiera la admisibilidad. A fines de julio pidió subsanar aspectos formales en dos de los tres escritos y dejó el tercero en estudio, postergando su definición para los primeros días de agosto.
"Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional, por lo tanto va a tener que, en algunos aspectos, pasar por el Tribunal Constitucional de nuevo para el control preventivo obligatorio", explicó la expresidenta del TC Marisol Peña en Radio 13C, donde además puso en duda que la promulgación alcance a completarse por entero antes de septiembre, dado el apuro del Ejecutivo.
Los plazos de implementación
Ahí aparece el tercer frente, el que más incide en las empresas. Para blindar el corazón del proyecto frente al litigio, el Gobierno diseñó una vía para promulgar por separado las normas que no fueron impugnadas y tenerlas vigentes antes de octubre.
Entre ellas está la medida más bullada: la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría, que grava las utilidades de las grandes empresas. La tasa baja del 27% actual a 25,5% en el año comercial 2027, a 24% en 2028 y llega a un 23% permanente desde 2029.
Las pymes mantienen el régimen transitorio vigente (12,5% hasta 2027 y 15% en 2028). La reintegración total del sistema tributario, que permitirá a los dueños descontar el 100% de lo pagado por su empresa, está prevista para el año tributario 2031.
La invariabilidad, si sobrevive al TC, regirá de forma escalonada: 10 años para inversiones entre US$50 y US$100 millones, 15 años hasta los US$350 millones y 20 años sobre ese monto.
