El ABC de la Ley de Reconstrucción: La megarreforma explicada en simple

Exención transitoria de IVA para viviendas nuevas

Uno de los incentivos incluidos en la Ley de Reconstrucción Nacional establece una exención transitoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la compra de viviendas nuevas. Esta medida busca impulsar la venta del stock disponible y facilitar el acceso a la vivienda mediante una disminución en el costo que enfrentan los compradores.

Hay que considerar que esta iniciativa no implica la eliminación por completo del impuesto del valor de la propiedad, pero sí genera una rebaja relevante en el precio final.

"En la práctica, esta medida no significa un descuento del 19% completo, pero sí representa una rebaja efectiva estimada de entre un 6% y un 7% en el precio final de la propiedad. Para una familia que está buscando comprar un departamento terminado de 3.000 UF, esto se traduce en un ahorro directo de entre 180 y 210 UF, es decir, entre 7,3 y 8,5 millones de pesos que deben financiar", explicó Sofía Orbegozo, socia de Tax & Legal de Forvis Mazars.

"El impacto en el bolsillo del comprador es doble: reduce el monto del pie que debe pagar al contado y disminuye el crédito hipotecario que solicitará al banco, bajando así su dividendo mensual", señaló.

Aun así, la exención tendrá un alcance acotado. Orbegozo advirtió que "no aplica para viviendas usadas ni para ventas en verde o en blanco, y dependerá de que la inmobiliaria decida acogerse voluntariamente al mecanismo".

Exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores

Los adultos mayores de 65 años podrán dejar de pagar contribuciones por la primera vivienda en la que residen. La medida busca aliviar el presupuesto de este segmento y evitar que el impuesto se convierta en una carga difícil de afrontar.

"El impacto de esta iniciativa en las personas de 65 años o más es inmediato y de alivio presupuestario directo. Un adulto mayor que recibe una pensión fija y que actualmente paga, por ejemplo, cuatro cuotas de contribuciones de $150.000 al año, podrá destinar esos $600.000 a gastos de salud, remedios o alimentación", explicó Orbegozo.

La abogada agregó que la iniciativa también busca impedir que el aumento del valor de las propiedades termine afectando a quienes han vivido por años en sus hogares. En ese sentido, señaló que "su mayor beneficio social es evitar que jubilados cuyos inmuebles se han revalorizado con el tiempo tengan que vender su hogar por no poder asumir el costo del impuesto territorial".

De todas formas, el beneficio no será general para todas las propiedades. Orbegozo precisó que "está acotado estrictamente a la primera vivienda donde reside el contribuyente, por lo que una segunda propiedad o un inmueble de inversión seguirá pagando impuestos de manera normal".

Prohibición del anatocismo: el cobro de interés sobre interés

Otro de los cambios que incorpora la Ley de Reconstrucción Nacional es la eliminación del anatocismo, mecanismo que permite cobrar intereses sobre intereses cuando una persona cae en atraso o mora en el pago de un crédito.

"Desde el momento en que tú dejas de pagar tu compromiso en la fecha que correspondía, las instituciones financieras lo que hacen es poner un sobrecargo en el monto que tú debías y te van cargando ese interés, habitualmente diario, y en la medida que tú te vas demorando, va aumentando ese castigo acumulado", señaló Gonzalo Iberti, director del Magíster en Gestión de Inversiones Financieras de la Universidad Diego Portales (UDP).

Con la aprobación de esta norma, ese mecanismo dejará de existir. "Si tú estás en mora, básicamente no te pueden cobrar nada extra sobre el interés que ya se comprometió en el crédito", explicó Iberti.

En este punto, es importante mencionar que la eliminación del anatocismo ha generado preocupación en el sistema financiero. El Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), gremios y economistas advirtieron que la prohibición podría encarecer el crédito, restringir el acceso al financiamiento y afectar el ahorro, ya que las entidades podrían compensar el mayor riesgo elevando las tasas de interés o endureciendo las condiciones para otorgar préstamos. El gobierno ya trabaja en un veto supresivo.

Derecho al olvido financiero

La reforma también incluye el denominado derecho al olvido financiero. Esta medida obligará a bancos e instituciones financieras a eliminar de sus registros internos las deudas impagas o morosas que superen cinco años, impidiéndoles utilizar esa información al momento de evaluar una nueva solicitud de crédito.

"Aunque en la actualidad existen normas que limitan a las instituciones financieras de informar deudas que lleven 5 años o más vencidas o prescritas sin consentimiento expreso (Ley 21.680 del Registro de Deuda Consolidada), las instituciones todavía pueden mantener y usar los registros de morosidad o incumplimiento de sus clientes internamente", señaló Gabriel Valenzuela, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

"Lo que busca corregir esta medida es que las instituciones financieras tengan que eliminar de sus registros estas obligaciones impagas o morosas, por lo que el banco no podrá usar estos datos para decidir si otorgar nuevo financiamiento a ese cliente", agregó Valenzuela.

Sin embargo, al igual que con la eliminación del anatocismo, la medida ha generado preocupación en la industria financiera. Diversos actores han advertido que eliminar parte del historial crediticio podría dificultar la evaluación del riesgo de los solicitantes, obligando a las entidades a tomar decisiones con menos información.

Lo anterior podría traducirse en créditos más restrictivos, mayores exigencias para acceder a financiamiento e incluso un aumento en el costo de los préstamos para algunos segmentos de la población.

Rebaja del impuesto a las empresas

La rebaja del impuesto de Primera Categoría forma parte igualmente de las medidas incluidas. La iniciativa reducirá gradualmente la tasa que pagan las empresas por sus utilidades desde el 27% al 23%, con el objetivo de incentivar la inversión y el crecimiento económico.

"Bajar la tasa del 27% al 23% para las empresas es un ajuste significativo. El impacto en el crecimiento de la economía será, en el corto plazo, acotado a moderado, y con un riesgo fiscal latente. No es un impacto automático porque la tasa de impuesto es solo una de las tantas variables que miran los directorios de las empresas para invertir", explicó Sofía Orbegozo, socia de Tax & Legal de Forvis Mazars.

Asimismo, la especialista aclaró que ese cambio no se traducirá en un beneficio inmediato para las familias. "Esta medida no bajará los precios en el supermercado ni significará un descuento en los impuestos al sueldo de los trabajadores. Su canal de transmisión hacia las familias es de carácter indirecto y de mediano plazo", explicó.

En ese sentido, Orbegozo señaló que el impacto dependerá de cómo reaccionen las empresas frente a la rebaja tributaria. "El impacto en la ciudadanía dependerá exclusivamente de si las compañías utilizan esos recursos para construir nuevas plantas, contratar más personal o subir salarios", aseguró.

Además, advirtió que la medida también reducirá la recaudación fiscal en el corto plazo, ya que "el Fisco dejará de percibir ingresos seguros en un contexto de alto gasto público".

Invariabilidad tributaria para grandes inversiones

Otra de las medidas económicas incluidas en la Ley de Reconstrucción Nacional apunta a entregar estabilidad tributaria a las grandes inversiones. A través de un mecanismo de invariabilidad tributaria, los megaproyectos podrán congelar la tasa de impuestos que pagan por un período de 10, 15 o 20 años, a cambio de un recargo de 1,5% sobre el impuesto corporativo.

Según explicó Sofía Orbegozo, de Forvis Mazars, "esta norma funciona como un seguro de estabilidad regulatoria".

Así, si bien "no entrega un beneficio monetario directo al presupuesto familiar", explicó que sí busca atraer inversiones que impulsen las economías locales mediante la creación de empleos, la contratación de proveedores de la zona y el desarrollo de nuevos encadenamientos productivos.

La abogada señaló que el mayor impacto se observaría en sectores como la minería, la energía y la construcción, donde los proyectos requieren inversiones millonarias y largos períodos para recuperar el capital. En ese contexto, afirmó que "el impacto positivo es evitar que Chile quede fuera de la carrera por capitales globales frente a competidores directos".

Aun así, Orbegozo advirtió que la medida también implica costos para el Estado. En ese sentido, sostuvo que "por el otro lado, 'amarra las manos' del Fisco por hasta 20 años respecto de los actores económicos más grandes del país. Si en una década Chile enfrenta una crisis o necesita recursos urgentes, el Estado no podrá tocar la tributación de esos megaproyectos, trasladando la carga de cualquier ajuste fiscal futuro hacia el resto de los contribuyentes y las PYMES".