Derecho al "olvido financiero": Polémica indicación en Ley de Reconstrucción podría dificultar el acceso al crédito

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó una indicación que incorpora el denominado derecho al olvido financiero al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

Si la iniciativa se convierte en ley, bancos e instituciones financieras deberán eliminar de sus registros las deudas impagas o ya pagadas que tengan más de cinco años de antigüedad.

La indicación, impulsada por la senadora Daniela Cicardini (PS), también establece que las entidades financieras no podrán utilizar deudas prescritas, extinguidas o pagadas para negar el acceso a créditos, cuentas u otros productos financieros.

Además, en caso de rechazar una solicitud, deberán informar por escrito al cliente las razones objetivas que fundamentan esa decisión.

"Lo que busca corregir esta medida es que las instituciones financieras tengan que eliminar de sus registros estas obligaciones impagas o morosas, por lo que el banco no podrá usar estos datos para decidir si otorgar nuevo financiamiento a ese cliente", explicó Gabriel Valenzuela, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), a Chócale.

Tras su aprobación en la Comisión de Hacienda del Senado, la indicación deberá continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.

¿El "derecho al olvido financiero" facilitará el acceso al crédito?

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es facilitar el acceso al financiamiento para personas que mantienen deudas antiguas. Sin embargo, especialistas advierten que su efecto podría ser más acotado.

"La ley 21.680 de Registro de Deuda Consolidada actualmente limita la información que puede entregar una institución financiera al sistema, por lo que si una persona tuvo incumplimientos con una institución en específico, sí puede acceder a financiamiento con otras instituciones después de 5 años. Lo que no puede hacer bajo la normativa actual es intentar que le aprueben un préstamo en el mismo banco donde cometió el incumplimiento, ya que mantiene un historial negativo", explicó Valenzuela.

En ese contexto, el académico estimó que el impacto sobre la inclusión financiera sería limitado, puesto que la legislación vigente ya permite que las personas accedan a financiamiento en otras instituciones una vez transcurrido ese plazo.

La propuesta también cambiaría la forma en que los bancos evalúan futuras solicitudes de financiamiento, al reducir parte de la información histórica que hoy pueden considerar en sus análisis de riesgo.

"El contar con menos información sobre el historial crediticio hace que otras variables, como por ejemplo el ingreso de las personas y la estabilidad laboral, se vuelvan más relevantes a la hora de decidir otorgar un crédito", afirmó.

Industria advierte riesgos para la evaluación crediticia

La aprobación de la indicación también despertó preocupación en la industria financiera, que considera que la información histórica sobre el comportamiento de pago cumple un rol relevante en la evaluación del riesgo crediticio.

Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), señaló a Chócale que "la eliminación de los registros de deudas impagas o extinguidas reduciría la información disponible para evaluar adecuadamente el riesgo financiero. Esto dificultaría el desarrollo de productos crediticios, limitaría la capacidad de supervisión y podría traducirse en mayores restricciones o costos para quienes buscan financiamiento", afirmó.

"Una menor disponibilidad de información no necesariamente favorece la inclusión financiera y, por el contrario, puede terminar excluyendo del sistema formal a quienes presentan menos antecedentes para acreditar su comportamiento de pago", agregó Opazo.

Por su parte, Franco Rizza, Senior Advisor en Riesgo y Regulación de Deloitte, planteó reparos al contenido de la indicación en su estado actual.

"El proyecto de reconstrucción contiene estos artículos que todavía deben pasar por la discusión en la Cámara de Diputados. En el estado en que se encuentra esta parte del articulado, creemos que no va en la línea correcta, dado que pueden llevar a potenciales 'perdonazos', porque si no se puede compartir la información es difícil seguir intentando acciones de cobro", sostuvo.

No obstante, Rizza sostuvo que el proyecto aún puede perfeccionarse durante su tramitación para compatibilizar una segunda oportunidad para los deudores con la necesidad de que las instituciones financieras cuenten con información suficiente para evaluar el riesgo.

"Consideraríamos positivo que se eliminen las deudas del registro de aquellas personas que pagaron a los cinco años de estar en mora. Esto podría permitir volver a poner a estas personas en el circuito del crédito, y desde el punto de vista de los bancos no representaría una pérdida de información relevante dado el plazo", afirmó.