¿Qué es el anatocismo? La iniciativa busca poner fin al cobro de interés sobre interés

Con 79 votos a favor, 57 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó hace unos días una indicación que plantea reemplazar el artículo 9° de la Ley 18.010 sobre el 'anatocismo'.

En términos simples, el anatocismo es el mecanismo que permite que los intereses se acumulen y generen nuevos intereses con el paso del tiempo, principio que está detrás del llamado interés compuesto. En efecto, la indicación, presentada por el diputado Héctor Ulloa, busca prohibir esta práctica en todas las operaciones financieras.

"No se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación", indica el nuevo texto. Además, señala que los intereses capitalizados en infracción de esta disposición serán inoponibles al deudor y no tendrán efecto.

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), su gerente general, Luis Opazo, afirmó a Pulso que "la capitalización de los intereses refleja el hecho del valor del dinero a través del tiempo, y coherente con esto, es la práctica financiera nacional e internacional. En este sentido, la ley 18.010 es consistente con lo anterior al establecer la capitalización de los intereses en cada vencimiento o renovación de operaciones financieras".

"La prohibición total y absoluta no es la práctica internacional y, obviamente, desconoce los fundamentos básicos de operación de la industria financiera", agregó.

Inclusión financiera en riesgo

Uno de los principales cuestionamientos a la iniciativa apunta a sus posibles efectos sobre el acceso al sistema financiero. Quienes critican la medida sostienen que una prohibición total de la capitalización de intereses podría terminar restringiendo algunas alternativas de financiamiento y ahorro que hoy utilizan lo chilenos.

En esa línea, Claudio Ortiz, presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, recordó que el debate sobre el anatocismo ya fue abordado durante la discusión de modificaciones legales en 2021. Según explicó, en esa oportunidad se optó por restringir la aplicación del interés compuesto en créditos en mora, pero no en las operaciones que se mantienen al día.

"Y esto es muy relevante porque necesariamente cuando hablamos de eliminar el uso del interés compuesto, esto tiene dos caras: no solo la cara hacia el deudor, sino que también de cara a los ahorrantes", señaló a Chócale.

Así, Ortíz aseguró que, de aprobarse definitivamente la norma, podría afectar los esfuerzos por incorporar a más personas al sistema financiero formal.

"Sentimos que esta norma, de aprobarse, va a ser un obstáculo importante a la inclusión financiera. En el tiempo, esto va a generar la salida de ciertos sectores del mercado formal y a los que se pretende, digamos, ayudar van a terminar siendo perjudicados", afirmó.

Efectos en créditos, ahorro y los costos de implementación

Además de los efectos sobre la inclusión financiera, especialistas advirtieron que la medida podría obligar a rediseñar distintos productos financieros que actualmente operan bajo el principio de capitalización de intereses.

Jorge Cayazzo, socio líder de Riesgo Financiero y Asuntos Regulatorios en Deloitte, sostuvo que la eliminación del anatocismo "probablemente no redundará en un beneficio a los consumidores".

Por el contrario, señaló que la prohibición "hará menos flexibles algunos productos financieros, como por ejemplo el otorgamiento de períodos de gracia para créditos hipotecarios y de consumo, a la vez que también se afectaría las cuentas de ahorro y depósitos a plazo con capitalización de intereses".

También, agregó que la medida "tendría importantes costos de implementación, dada la necesidad de modificar la forma en que se estructuran un sinnúmero de servicios financieros, y dudosos beneficios".

Por su parte, en el Informe de Impacto Regulatorio Nº 1, Carmen Quezada y Felipe Bravo, académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae, señalaron que "su efecto más probable es el alza de las tasas de los créditos futuros y la expulsión de los deudores más riesgosos hacia el crédito informal, donde no rigen las tasas máximas ni la fiscalización administrativa. El resultado sería, así, el opuesto al sentido protector que inspira la indicación".

"Si el propósito del legislador es proteger a la clase media del sobreendeudamiento, el camino más idóneo no es la prohibición general, sino el diseño de restricciones diferenciadas: límites específicos para determinadas operaciones de consumo, plazos mínimos de capitalización más extensos, deberes reforzados de información y mecanismos de reprogramación tutelada en caso de mora", agregaron.