Hace unos días se confirmó el cierre de las sedes de Energy Club luego de iniciar un proceso de liquidación, que marcará el final de la cadena luego de varios años de incertidumbre y dificultad financiera.
Esta situación llenó de incertidumbres a diferentes consumidores, especialmente a aquellos que mantenían planes vigentes con la cadena. Esto porque días antes del cierre de Energy Club, la empresa continuaba comercializando planes mensuales y anuales.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), comentó en entrevista con Chócale que los afectados enfrentan un escenario complejo para recuperar los montos pagados y que existió un aprovechamiento por parte de la compañía.
"Aquí hubo un aprovechamiento y siguieron vendiendo planes, tratando de recaudar el máximo posible, pero esto es una estafa para los consumidores", señaló Calderón.
Según explicó el dirigente, el principal problema radica en que la legislación de quiebras no considera a los consumidores entre los acreedores prioritarios dentro de un proceso de quiebra. Esto significa que, una vez que se liquida el patrimonio de la empresa, primero se pagan las deudas laborales, previsionales y financieras, dejando a los clientes al final de la lista.
Calderón advirtió que incluso una eventual demanda colectiva exitosa podría no traducirse en compensaciones económicas efectivas. "Este procedimiento no le garantiza que va a recibir la compensación o la restitución de lo pagado porque probablemente ya a esas alturas no queda patrimonio y no queda nada de la liquidación", agregó.
Energy, Pacific y otros: Conadecus observa un patrón en la industria
Desde la organización afirmaron que la situación de Energy no es un caso aislado. Calderón recordó episodios similares ocurridos en años anteriores, como el de Pacific Fitness, o más recientemente con Cardio Pilates de Las Condes, y aseguró que existe una conducta recurrente que perjudica a los usuarios.
"Ya no es uno, sino que van varios gimnasios que están haciendo esta acción, que es malintencionada y premeditada, ya que venden planes hasta el último día", declaró el líder de Conadecus.
A juicio del representante de los consumidores, el aspecto más cuestionable radica en que las empresas continúan comercializando planes y captando nuevos clientes cuando enfrentan problemas financieros severos.
El presidente de Conadecus agregó que Energy ya se encontraba en un proceso de renegociación de deudas antes de llegar a la liquidación. Según explicó, esa información no se transparentó adecuadamente a los clientes, quienes siguieron contratando servicios sin conocer la situación financiera de la compañía.
"Este gimnasio ya estaba en un proceso de renegociación. Venía mal hace rato, y eso no se informó a las personas para que hubieran tenido más precauciones en vez de pagar planes anuales", sostuvo.
Desde el organismo también plantearon la necesidad de establecer mecanismos preventivos para proteger a quienes pagan servicios por adelantado. Entre las alternativas mencionadas figuran la exigencia de garantías financieras o seguros que permitan responder ante eventuales insolvencias.
Los consumidores, la última de las prioridades en estos casos
"Nosotros efectivamente estamos ante una debilidad en la ley y la ley de quiebra no considera a los consumidores", apuntó Hernán Calderón.
Para el presidente de la Conadecus, la legislación debe establecer mayor prioridad para los consumidores que cancelaron un servicio. Aquí, plantea que los afectados deberían tener al menos una segunda prioridad para que se les asegure que obtendrán compensaciones por el dinero pagado y la no prestación del servicio contratado.
Frente a este escenario, Conadecus insistirá en impulsar modificaciones a la legislación de insolvencia para fortalecer la posición de los consumidores en procesos de liquidación.
"Nosotros en algún momento lo presentamos y hemos manifestado que aquí estamos ante una desigualdad ante la ley. Quien está más desprotegido en las quiebras son los consumidores y, lamentablemente, son los principales afectados junto a los trabajadores", indicó Calderón.
El dirigente argumentó que la normativa actual genera una situación de desigualdad, ya que los consumidores tienen menos herramientas para defender sus derechos en comparación con grandes acreedores o instituciones financieras.
Mientras tanto, la entidad ha recibido numerosas consultas de afectados por el cierre de Energy. Calderón recomendó que los consumidores busquen orientación especializada y evalúen las acciones disponibles, aunque reconoció que las posibilidades de recuperar el dinero son inciertas.
Finalmente, reiteró que los consumidores deben informarse sobre la situación financiera de los proveedores antes de contratar. "Todos los servicios que se pagan por adelantado requieren que uno tenga información sobre en qué situación financiera se encuentra ese proveedor", concluyó.
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