El Congreso terminó aprobando dos indicaciones dentro de la Ley de Reconstrucción que suenan bien, pero podrían salir caras. Mirados de cerca, ambos "golazos" legislativos podrían encarecer y restringir justo lo que dicen defender: el acceso al crédito.
El primero es el "derecho al olvido financiero", que obliga a borrar deudas de más de cinco años. Suena razonable, pero su efecto real es limitado, porque la ley de Deuda Consolidada (que recién se puso en marcha) ya permite acceder a créditos en otro banco e instituciones pasado ese plazo. Lo que sí cambia es que los bancos tendrán menos información propia para evaluar riesgo, y eso suele traducirse en tasas más altas.
En tanto, el segundo es más drástico: la prohibición del anatocismo, es decir, que los intereses generen nuevos intereses. Afecta a casi todos los productos de crédito y ahorro. El Banco Central, la CMF, la ABIF, BancoEstado y economistas advirtieron lo mismo: la medida podría subir las tasas, reducir el acceso a productos financieros y desincentivar el ahorro, porque los depósitos a plazo también dependen de esa capitalización.
Ahí tenemos una gran contradicción, porque se supone que estas ideas buscarían proteger a las personas. El problema es que trasladan el riesgo a costos más altos que afectan sobre todo a quienes tienen un buen comportamiento, o que en muchos casos ahora te rechacen una solicitud de crédito. Quienes más lo sentirían no son las grandes empresas o personas de mayor poder adquisitivo, sino las personas y pymes que dependen del acceso a financiamiento para comprar una casa, cambiar el auto, acceder a capital de trabajo, adquirir maquinaria, etc.
Estamos conscientes de que el sistema actual no está exento de problemas, pero si el resultado son créditos más caros y más difíciles de conseguir, la ley habrá logrado justo lo contrario de lo que prometió.