Chile envejece a paso firme. Las personas de 60 años o más, que en 1992 eran el 9,5%, hoy superan el 19% y hacia 2050 serán cerca de un tercio del país. Es el grupo que más crece y el que más queda al margen cuando se diseñan las reglas financieras.
Lo planteo a propósito de una transformación que es para celebrar. Entre 2026 y 2027 entrarán en régimen marcos que modernizarán cómo administramos nuestros datos: la nueva Ley de Protección de Datos Personales, vigente desde diciembre de 2026, junto con el Sistema de Finanzas Abiertas y la Deuda Consolidada. Refuerzan la privacidad y la competencia, pero comparten un engranaje que merece atención: el consentimiento.
Bajo la nueva normativa, ya no basta el consentimiento tácito: cada persona deberá autorizar de forma expresa y revocable qué datos entrega, por cuánto tiempo y a quién. Y cada marco contempla su propia plataforma. Por separado tienen sentido; juntas, son un laberinto.
Pongámonos en los zapatos de un pensionado de 75 años. Moverse entre tres o cuatro plataformas no es un trámite: es una barrera que excluye justamente a quienes queríamos proteger. No es una hipótesis: cambios en las políticas de riesgo ya dejaron a miles de personas mayores sin acceso a tarjetas de crédito, y las tarjetas de coordenadas debieron corregirse por impracticables. Cuando una norma no considera a las personas mayores desde su diseño, reaccionamos tarde.
La alternativa es de diseño, y separa dos planos. Uno es el acto jurídico de consentimiento: autorizar un uso específico de datos, a una institución y por un plazo definidos, algo que la Ley 21.719 exige granular, con razón. El otro es la experiencia de usuario, donde sí es posible, y necesario, simplificar radicalmente.
Como gremio cooperativo, proponemos una “capa de coordinación digital” que unifique la experiencia sin alterar el fondo jurídico de cada consentimiento: un portal común donde un pensionado gestione todas sus autorizaciones sin recordar contraseñas ni navegar entre sistemas inconexos.
Los consentimientos seguirían separados e independientes, como la ley exige, pero accesibles desde una interfaz única, trazable y revocable con un clic. Así la propuesta es viable sin cambios legislativos: no reformar la ley, sino implementarla mejor, junto a reguladores, autoridades y actores del sector.
Compartimos el objetivo —proteger mejor los datos— y por eso vale la pena cuidar el cómo: buena parte de estos estándares supone usuarios familiarizados con lo digital, algo que aún no alcanza a muchas personas mayores. Contemplar para ellas una transición más gradual no debilita la norma: la hace efectiva para todos.
Como cooperativas de ahorro y crédito llevamos décadas incluyendo a pensionados con criterios prudentes de endeudamiento y cercanía en cada sucursal. Por eso ponemos ese conocimiento a disposición del regulador y las autoridades para construir, juntos, ese estándar común. La inclusión financiera no es un eslogan: es una decisión de diseño. Frente a la generación que sostuvo este país, llamamos a construir, a tiempo, una inclusión financiera real.