Que el proyecto de Sala Cuna Universal haya sido despachado por el Senado y continúe su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados es una buena noticia.
Eliminar la barrera que hoy condiciona este derecho al número de mujeres contratadas por una empresa y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad representan cambios que Chile ha postergado por demasiado tiempo.
Sin embargo, una política pública de esta magnitud no debe evaluarse solamente por la amplitud de su cobertura. También debe ser capaz de asegurar que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde, que los recursos se utilicen para el propósito definido y que su operación entregue certezas a las familias, las empresas y el Estado.
Quienes conocemos la gestión cotidiana de este beneficio sabemos que una buena intención no basta. Es necesario verificar que los establecimientos cumplan las exigencias correspondientes, administrar costos que varían significativamente entre comunas y regiones, respaldar los pagos y contar con información que permita supervisar el correcto funcionamiento del sistema para que este sea sostenible y mantenga su legitimidad.
Un aspecto que requiere especial atención es el bono compensatorio. La Dirección del Trabajo ha reconocido esta modalidad para situaciones excepcionales, como la inexistencia de salas cuna autorizadas en una localidad, el desempeño en lugares apartados o en turnos incompatibles con su funcionamiento, o determinadas condiciones de salud del niño o niña.
Se trata de una flexibilidad necesaria para impedir que circunstancias extraordinarias terminen dejando a una familia sin protección. Pero precisamente por su carácter excepcional, el bono no puede convertirse en una alternativa automática ni en un atajo para reemplazar la prestación de sala cuna.
Si su uso se extiende sin criterios claros, puede abrir espacio a montos insuficientes, favorecer soluciones informales sin estándares verificables y debilitar la trazabilidad de los recursos. El resultado podría ser un derecho universal en el papel, pero desigual y fragmentado en la práctica.
Por eso, el nuevo sistema debe contemplar causales objetivas y debidamente acreditadas; acuerdos individuales formalizados; montos relacionados con el costo real y razonable del cuidado; revisión periódica de las circunstancias que justificaron el beneficio, y mecanismos de registro y fiscalización que permitan prevenir desvíos o abusos. Cuando desaparezca la causal excepcional, debe terminar también la procedencia del bono.
Estamos seguros de que el mejor camino para contribuir a esta tarea es el trabajo colaborativo público-privado. Por ello queremos aportar a esta discusión con nuestra experiencia operativa, cobertura y capacidad tecnológica, contribuyendo para que la política pública cumpla el propósito que la inspira: proteger a los niños, apoyar a las familias, favorecer la participación laboral y avanzar hacia una sociedad más corresponsable y justa.
Debemos valorar que la Sala Cuna Universal siga avanzando. Pero el desafío de la Cámara será lograr que su implementación esté a la altura de esa promesa. El bono compensatorio debe seguir siendo lo que corresponde: un puente debidamente justificado cuando la sala cuna no es posible, nunca un camino para eludirla.