Señor Director:
A poco más de tres meses de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, Chile enfrenta una paradoja. Mientras las organizaciones deberían estar acelerando su preparación, la posibilidad de postergar la entrada en vigencia puede estar produciendo justamente el efecto contrario: esperar.
En salud, ese riesgo es particularmente delicado. Hablamos de información sensible que circula mientras una persona agenda una consulta, confirma una hora, cancela una atención o entra a una lista de espera.
La pregunta que deberían hacerse hoy hospitales, clínicas y centros médicos es concreta: ¿están sus procesos preparados para seguir funcionando bajo las nuevas exigencias de protección de datos?
Consentimientos, identificación, trazabilidad, almacenamiento de información y protocolos para ejercer o revocar autorizaciones tendrán consecuencias sobre procesos tan simples como confirmar una hora médica. Implementarlos adecuadamente requiere decisiones tecnológicas y operacionales que no se resuelven de un día para otro.
Pero existe una dimensión que me preocupa incluso más: proteger los datos no puede significar hacer más difícil acceder a la salud.
Una implementación excesivamente restrictiva puede agregar fricción precisamente donde deberíamos eliminarla. Pensemos en un adulto mayor que necesita ayuda de un familiar, en un padre que agenda una atención para su hijo o en un paciente que debe ser contactado porque apareció una hora disponible.
Durante años, la transformación digital en salud estuvo concentrada en incorporar tecnología y automatizar tareas. El desafío que viene es distinto: mantener la continuidad de la atención y resguardar correctamente la información que hace posible esa gestión.
Esto también obliga a mirar con mayor atención a los proveedores tecnológicos. Si parte de la operación depende de terceros que procesan información sensible, la seguridad de esa cadena será tan robusta como su eslabón más débil.
La eventual postergación de la ley puede dar más tiempo, pero no debería convertirse en una excusa para esperar.
Independientemente de la fecha que determine la autoridad, los datos sensibles ya existen, los sistemas ya los procesan y los riesgos operacionales ya están presentes.
La ley podrá postergarse. La responsabilidad de estar preparados, no.