La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso hace unos días en consulta pública una normativa que busca ampliar las actividades complementarias que pueden desarrollar las empresas operadoras de tarjetas de pago, es decir, los adquirentes.
La propuesta incorpora tres nuevas actividades: servicios de iniciación de pagos, implementación de sistemas de pago mediante transferencias electrónicas de fondos (TEF) para comercios afiliados y servicios de payout asociados a transacciones con tarjetas ya procesadas por el operador.
Con esto, los adquirentes podrían ampliar su oferta más allá del procesamiento tradicional de tarjetas y utilizar la infraestructura y relación que ya mantienen con los comercios para desarrollar nuevas soluciones de pago.
Juan Andrés Bravo, experto en medios de pago y director general de 10Pay, puso el foco en el cambio que enfrentará la industria.
“Tenemos que pararnos en que los adquirentes desde finales de los años 80's vienen trabajando con las reglas y los paradigmas del mundo de las tarjetas (...) y ahora van a un negocio y a un paradigma totalmente diferente, que es el de las transferencias electrónicas”, explicó.
Nuevas formas de cobrar y distribuir pagos
Una de las principales novedades corresponde a los servicios de iniciación de pagos, que permitirán a los adquirentes ofrecer a sus comercios afiliados alternativas de cobro mediante transferencias electrónicas, sin utilizar una tarjeta.

En la práctica, una persona podría pagar directamente desde su cuenta bancaria, pero a través de una experiencia de pago gestionada por el adquirente.
“Podríamos estar en la cola del supermercado a fin de mes y, sin problema, pedirle a la cajera que vamos a hacer un pago con transferencia”, ejemplificó Bravo.
Para los comercios, estos mecanismos también podrían favorecer la liquidez y simplificar procesos como la conciliación y la gestión de caja.
La propuesta también permitirá que los adquirentes implementen sistemas de pago mediante TEF para sus comercios afiliados, tanto presencialmente, a través de terminales POS, como de manera remota, mediante botones de pago u otros mecanismos equivalentes.
Aunque ambas actividades están vinculadas a los pagos por transferencia, no son exactamente lo mismo: la primera permite iniciar el pago desde la cuenta del cliente, mientras que la segunda permite al adquirente implementar la infraestructura para que el comercio pueda recibir esos pagos.
En este último caso, el operador no podrá retener los fondos transferidos y deberá mantener un contrato con el emisor de la cuenta desde la cual se realiza la operación.
Por último, la propuesta incorpora los llamados payouts, que permiten al comercio instruir al adquirente para distribuir a proveedores o prestadores de servicios en Chile parte de los fondos provenientes de transacciones con tarjetas que el propio operador ya procesó.
Estos recursos deberán provenir exclusivamente de esas operaciones. La propuesta no permitirá adelantos, captación de recursos del público ni saldos a favor de terceros.
Un nuevo negocio para los adquirentes
Más allá de las nuevas alternativas para comercios y consumidores, la propuesta podría modificar el propio negocio de la adquirencia.
“El impacto en la operativa de los adquirentes, el impacto en el modelo de negocio claramente va a existir y va a ser potente”, sostuvo el director general de 10Pay.
Uno de los desafíos será definir cómo funcionará económicamente este esquema y cómo se repartirán los costos entre emisores, adquirentes y la infraestructura que opere las transferencias.

Para Carlos Molinero, Country Manager de Kushki, la propuesta representa un avance regulatorio porque permitiría que los operadores compitan en mejores condiciones frente a entidades vinculadas a bancos.
“Habilitar estas actividades complementarias empareja la cancha y abre espacio para resolver dolores que los comercios ya enfrentan en una economía digital e internacional”, afirmó.
Molinero destacó especialmente la iniciación de pagos, donde los adquirentes podrían aportar su experiencia en materias como fraudes, contracargos y devoluciones.
"Es justamente ahí donde se juega lo esencial, porque en pagos la confianza no se declara, se construye transacción a transacción, sobre todo cuando algo sale mal", señaló.
Desde Khipu, Roberto Opazo, director ejecutivo y cofundador de la empresa, también valoró la posibilidad de que los adquirentes ofrezcan estos servicios, aunque planteó reparos sobre su implementación.
A su juicio, la autorización debería coordinarse con el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) para evitar que algunos actores obtengan ventajas antes de que las condiciones competitivas estén disponibles para toda la industria.
“Nos parece necesario asegurar que ningún actor económico o subconjunto de la industria financiera pueda tomar ventaja antes de que la competencia esté abierta para todos”, señaló.
Opazo descartó, además, que una mayor presencia de pagos vía transferencia implique necesariamente la desaparición de las tarjetas, que mantienen atributos propios como el crédito, las cuotas, los beneficios y los mecanismos para resolver controversias.
Molinero planteó otro desafío: la coherencia entre la regulación de la CMF y las reglas del Banco Central para operaciones crossborder. A su juicio, eventuales diferencias entre ambos marcos podrían generar incertidumbre y problemas operativos para los comercios.
Fintoc y Floid fueron contactados para esta nota, pero declinaron participar.
La propuesta todavía no es definitiva. El regulador recibirá comentarios del mercado hasta el 9 de septiembre, antes de avanzar hacia la normativa final.
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