En abril de 2025, la plataforma de movilidad Awto dejó de operar en Chile. La startup, con cerca de una década de presencia en el mercado nacional, ofrecía arriendo de vehículos bajo un sistema flexible por minutos, horas o días.
Meses después, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la empresa. La medida se adoptó tras recibir múltiples reclamos por la falta de reembolso de pagos correspondientes a servicios no prestados, además de garantías y montos asociados a cargas de combustibles realizadas por los propios usuarios.
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Tras las gestiones, el SERNAC alcanzó un acuerdo con Awto. La compañía se comprometió a restituir el dinero —con intereses y ajustes— por concepto de awtocoins, garantías, packs, combustible, estacionamientos y/o cobros erróneos pendientes.
En total, la empresa deberá pagar más de $12 millones, lo que beneficiará a 748 consumidores. El acuerdo, además, establece un piso mínimo de $1.000, incluso si la suma a devolver es menor.
El PVC también contempla una compensación adicional para quienes presentaron su reclamo ante el SERNAC y estén dentro del grupo beneficiado. Este pago variará según el canal utilizado para presentar el caso y va de las 0,017 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) hasta las 0,19 UTM.
¿Cómo y cuándo se pagará el dinero de las compensaciones a los clientes de Awto?
Awto informará el inicio de la etapa de implementación del PVC y, desde ese momento, los consumidores podrán completar un formulario en el sitio web de la empresa. Esta instancia permanecerá habilitada por 45 días y permitirá actualizar los datos bancarios para recibir el monto mediante transferencia.
En caso de no complementar el formulario, la compañía intentará depositar el dinero a la cuenta bancaria que figure en sus registros. En caso de que la cuenta ya no esté activa o disponible, se emitirá un vale vista en una institución bancaria para que el beneficiario pueda retirar los fondos.
Para verificar el cumplimiento del acuerdo, Awto se someterá a una auditoría externa realizada por una empresa registrada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
