Hace unos días, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con Ripley por eventuales infracciones a la Ley del Consumidor. La empresa aceptó someterse a este proceso con el fin de compensar a los clientes afectados por cobros indebidos.
Según la investigación del ente fiscalizador, entre junio de 2023 y marzo de 2024, Ripley le habría aplicado un cobro por "retiro en tienda" a más de 180 mil consumidores. Este cobro, de $990 en las compras online, no era informado por la empresa.
El SERNAC espera que mediante el PVC se restituyan todos los cargos efectuados de forma improcedente y no informada a los usuarios. Además, en este reembolso se deberían incluir los reajustes e intereses correspondientes.
Además, se buscará una indemnización por los costos derivados de presentar el reclamo. Esta medida aplicará a los consumidores que realizaron sus denuncias ante el SERNAC por el cobro de este concepto.
"Es importante que Ripley haya aceptado participar de este proceso, ya que esto nos permitirá sentarnos a trabajar prontamente con la empresa para buscar las compensaciones más adecuadas para todos aquellos consumidores que se vieron afectados por este cobro improcedente", señaló Andrés Herrera, director del SERNAC.
¿Qué significa este PVC para los consumidores?
Gracias al Procedimiento Voluntario Colectivo, los consumidores podrían obtener compensaciones por los cargos indebidos. Este dinero incluiría los $1.000 cobrados, sumando a los intereses, reajustes y un monto adicional relacionado con el costo del reclamo.
Otro de los objetivos del PVC es que Ripley elimine de manera definitiva este cobro, ya que no está contemplado en los términos y condiciones vigentes.
La importancia de la aceptación del PVC recae en que este proceso buscará una solución conjunta entre el SERNAC y Ripley. Según las bases del procedimiento, se debe encontrar un punto de acuerdo en tres meses, aunque prorrogables por otros tres meses en caso de ser necesario.
En caso de no llegar a buen puerto, el SERNAC puede optar por tomar acciones judiciales en contra de la empresa. Esta situación se podría generar en caso de que el ente fiscalizador considera insuficiente la propuesta elevada por la compañía.
