Menos de un 30% de las personas se inclina por la fórmula 3 y 3 de la propuesta de reforma de pensiones

La medición de la Universidad San Sebastián evidenció, además, que el beneficio de la reforma más valorado es el incremento de la PGU a $250.000.

Según una reciente encuesta realizada por la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), tras la reinstalación de la discusión sobre la reforma previsional, menos de un tercio de los chilenos apoya la propuesta del gobierno de un 3% adicional a cuentas individuales y otro 3% a un fondo común.

El estudio, realizado por el Centro de Políticas Públicas de la USS, indicó que solo el 28,4% de los participantes se inclina por la fórmula 3 y 3. En contraste, un 71,4% prefiere que la totalidad o la mayor parte del 6% adicional se destine a sus cuentas individuales de pensiones.

La opción más popular, con un 50,4% de preferencias, es la que asigna el 6% adicional íntegramente a las cuentas individuales. Otra alternativa, que propone un 4% para el fondo individual y un 2% para el fondo común, solo alcanza un 19,2% de apoyo.

Si la cotización adicional del 6% se destinase en su totalidad a las cuentas individuales, el 70,4% opinó que debe ir a la cuenta de cada cotizante, mientras que el 20,8% indicó que la mayor parte debe ir a las cuentas de quienes tienen salarios más bajos y el resto a la cuenta del cotizante. Por su parte, solo 3,7% se inclinó porque la mayor parte de la cotización extra se reparta a las mujeres y el resto a la cuenta del cotizante.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, señaló que la propuesta del Gobierno “no concita adhesión ciudadana”. Asimismo, añadió sobre el riesgo de perder de vista temas fundamentales en la reforma como “la llamada separación de la industria, tema alejado de las prioridades ciudadanas pero central para el futuro del sistema. Tal como está la reforma, esta separación avanza hacia el fin de las AFPs”.

El académico de la USS indicó, además, que “al consultar a las personas sobre el destino de sus ahorros previsionales, más del 70% considera que todo o la mayoría debe ir a sus cuentas individuales y, entre las alternativas concretas, la propuesta por el Gobierno solo logró un 28% de apoyo”, aseguró.

Alta valoración de la Pensión Garantizada Universal

La encuesta también reveló una alta valoración de la Pensión Garantizada Universal (PGU). El 50,5% de los encuestados valoró principalmente el incremento de la PGU a $250.000. En términos de cobertura, un 70,1% prefirió mantener el beneficio para el 90% de la población con menores ingresos, mientras que un 29,9% aboga por extenderlo al 100%.

En cuanto a la distribución de la PGU, la mayoría (48,0%) opinó que el monto debe ser igual para todos, independientemente del género o monto de pensión autofinanciada. Por otro lado, el 35,4% cree que debería ser mayor para quienes tienen más años de cotización, y solo un 14,0% prefirió que sea más alto para las mujeres.

Respecto al financiamiento de políticas públicas mediante la reforma, la encuesta evidenció que la mayoría prefiere los impuestos generales sobre las cotizaciones de los trabajadores. El 75,6% indicó que la mejora de las pensiones más bajas debe financiarse con impuestos generales, y un 89,0% se inclina porque políticas como sala cuna universal se financien de esta manera.

La CCS es favorable de subir la cotización solo en un 3%

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se manifestó a favor del aumento de 3% propuesto para financiar el ahorro individual para la vejez, ya que afirman que las actuales tasas de cotización redundan en un ahorro individual insuficiente que debe ser corregido con urgencia.

Asimismo, desde el gremio señalaron que el 3% adicional (destinado a financiar el gasto social), para completar un 6% total, no se debería tratar en esta etapa, debido a que el mercado laboral no estaría en condiciones de absorber esa magnitud de aumento de costos.

De acuerdo con las estimaciones del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), cuando en julio de este año se concrete el alza a $500.000 en el salario mínimo, sumado a los primeros efectos de la reducción de la jornada laboral, se habrá acumulado un incremento del costo salarial por hora cercano al 25% nominal en un período de poco más de un año.

Si a esto se le suman los 6 puntos porcentuales de cargo del empleador a las cotizaciones provisionales, incrementará dicho costo en un 19% adicional, indicaron.


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