Con el objetivo de mitigar el creciente problema del sobreendeudamiento entre la población, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el lunes un conjunto de medidas y propuestas que buscan brindar alivio financiero a las familias que actualmente se encuentran lidiando con altos niveles de deudas.
Uno de los focos de este proyecto de ley está puesto en una reforma a la Ley 21.324, más conocida como Ley de Fraudes, con el fin de abordar un problema que las instituciones financieras han estado enfrentando desde la entrada en vigencia de la norma en mayo de 2020: el aumento en las transacciones reportadas como fraudulentas.
Cabe recordar que esta ley establece la limitación de responsabilidad de los usuarios ante casos de extravío, hurto, robo o fraude por usos no autorizados de medios de pago, como tarjetas, transferencias electrónicas, cajeros automáticos y otros canales.
Junto con ello, existen plazos para anular los cobros o restituir el dinero de los clientes. En caso de dolo o culpa grave del usuario, son las propias entidades las que deberán acreditarlo ante tribunales.
“Al contrario de lo que uno hubiera querido, y que con seguridad fue la intención de quienes en su momento apoyaron esta legislación, que era reducir los fraudes, en realidad los fraudes han aumentado de manera significativa. Tenemos mucha evidencia de que, desgraciadamente, hay casos bastante evidentes de autofraude”, indicó Marcel. La posibilidad de que esto ocurriera, en todo caso, había sido advertida por el sector durante la discusión de la iniciativa en el Congreso Nacional, previo a su promulgación y entrada en vigencia en 2020.
Asimismo, el titular de la cartera recalcó la importancia del proyecto presentado, especialmente en lo que respecta a los costos generados por este delito. “¿Qué tiene que ver esto con el endeudamiento? Tiene que ver que mientras mayor sean los fraudes que tienen que ser absorbidos por las instituciones financieras o los emisores de tarjetas, mayor es el costo financiero que van a enfrentar todos los usuarios del sistema”, advirtió.
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) valoraron esta iniciativa, indicando que “estas adecuaciones son necesarias para evitar el mal uso de los medios de pago, incluyendo entre ellos el auto fraude”.
Ante esta problemática, el proyecto busca introducir cuatro regulaciones adicionales para minimizar el riesgo de auto fraude y mantener el objetivo inicial de la ley.
Modificación del estándar de culpa
El ministro de Hacienda indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley 21.324, los reportes por fraudes aumentaron más de 5 veces. Detalló que, por cada $1.000.000 de transacciones, se reportaban $93 de fraude. Sin embargo, en la actualidad, por cada millón de pesos, el fraude reportado asciende a $587, siendo BancoEstado la entidad más afectada por esta situación.
“El grueso del aumento de las situaciones de fraude se ha producido entre clientes de BancoEstado. El banco ha ido acumulando pérdidas que luego se traducen en menores aportes al fisco, para a su vez dedicarlos a los propósitos que tiene el gasto público”, comentó Marcel.
Para esto, uno de los cambios que se propone realizar a la Ley de Fraudes se centra en la modificación del estándar de culpa. Este cambio implicaría pasar del estándar de culpa grave a leve, lo que otorgaría a las instituciones la posibilidad de tomar acciones legales tanto en casos de culpa leve como en situaciones en las que exista dolo por parte del usuario que reportó la transacción como fraudulenta.
Se plantea aumentar los plazos de reembolso y mayores facultades a la CMF
Según la actual Ley de Fraudes, las entidades financieras disponen de un plazo de 5 días hábiles para resolver, cancelar o restituir los fondos en casos de fraudes con montos menores a 35 UF ($1.275.589, valor al 7 de noviembre de 2023). Si la cifra supera las 35 UF, este plazo se extiende a 7 días hábiles. En este sentido, la reforma pretende ampliar el plazo de reembolso de 5 a 10 días, aumentándolos para las transacciones que superen las 35 UF.
“Por los breves plazos que hay para efectuar el pago y por las limitaciones que impone el límite de las 35 UF, en la práctica las instituciones financieras no tienen las condiciones para poder demandar o perseguir judicialmente a estas personas (que cometen auto fraudes)”, indicó el titular de la cartera.
Asimismo, se busca otorgar mayores facultades a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para establecer estándares mínimos que permitan a las entidades excusarse de reembolsar en caso de acreditar que cumplen requisitos exigidos de seguridad en el manejo y gestión de las tarjetas bancarias.
Imposibilidad del usuario de desconocer ciertas transacciones
“Hoy en día tenemos situaciones en las cuales se reporta un fraude a pesar de que se están transfiriendo recursos entre una cuenta y otra del mismo usuario. También se reportan fraudes de personas que realizan retiros desde los cajeros automáticos, pese a que los cajeros automáticos tienen cámaras, pero que luego las mismas personas desconocen”, señaló Marcel.
Es por esto que se buscará permitir —en caso de reportarse un fraude— desconocer las transacciones efectuadas entre cuentas propias, y si el usuario reconoce haber entregado sus claves voluntariamente a terceros. Velando así, por regular y controlar situaciones que, según el ministro, “son bastante evidentes de abuso”.
