En un intento por contener las crecientes cifras de sobreendeudamiento en la población, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó un paquete de medidas e iniciativas que serán enviadas al Congreso para discusión legislativa. El plan apunta a ofrecer un respiro financiero a las familias que enfrentan altos niveles de deudas.
Según explicaron desde la cartera, el sobrendeudamiento es una situación preocupante en Chile. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reportó que, a marzo de este año, la carga financiera promedio de las personas era de 31,7%, escalando a 38,2% para quienes ingresan menos de $500.000 mensuales. Para los sobreendeudados, la cifra se dispara a 66,4%, y aún más para el tramo de ingresos bajos, con un 76,7%.
Frente a este escenario, el ministro Marcel destacó la importancia del proyecto, asegurando que “un número importante de hogares van a poder reducir de manera significativa la carga financiera, es decir, los pagos que corresponde efectuar mes a mes para afrontar sus deudas de carácter financiero”.
Garantía estatal para endeudados
El nuevo Programa de Garantías de Apoyo al Sobrendeudamiento es la columna vertebral del paquete. Permite a quienes tienen una alta relación deuda-ingreso refinanciar sus compromisos bajo condiciones más ventajosas, gracias a la garantía estatal del 50% de la deuda refinanciada por cuatro años.
Aquellos con deudas seis veces superiores a sus ingresos —excluyendo hipotecas—, o 70 veces si se incluyen, y con ingresos menores a $1.500.000, podrían acceder a este beneficio. Se estima que podría llegar a unas 75.957 personas.
Entre las condiciones para acceder a esta garantía, se encuente que se debe mantener una deuda de consumo o comercial (y si es ambas, los requisitos aplican como consolidado). Se podrá refinanciar hasta 160 UF de la deuda (aproximadamente $5.465.500), la mora debe ser inferior a 90 días y el Estado garantizará el 50% de la deuda refinanciada por un plazo de cuatro años. No podrán acceder al programa quienes estén en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El costo fiscal se estima en US$23 millones anuales.
Gobierno busca fijar y regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito
Como parte de las medidas que planteó el gobierno, se propusieron mecanismos para clarificar el pago mínimo en tarjetas de crédito. Datos de la CMF revelan que un significativo porcentaje de usuarios no alcanza a cubrir el pago mínimo mensual, lo que puede llevar a una espiral de deuda debido a los intereses rotativos, que suelen ser más elevados.
La iniciativa busca que los consumidores entiendan mejor sus obligaciones y las consecuencias de no cumplirlas, con la CMF definiendo estándares para el pago mínimo que favorezcan la salud financiera de los usuarios.
El ministro Mario Marcel recalcó la necesidad de esta medida, señalando que se debe corregir “una anomalía que se presta para confusión y tiende a incentivar el sobreendeudamiento. Las personas aceptan pagos en cuotas sin intereses, pero sin tomar en cuenta que eso se puede transformar fácilmente en un crédito con altos intereses”.
La propuesta apunta a que las personas conozcan el monto mínimo de pago de las tarjetas de crédito, de qué forma está compuesto y cuánto podría crecer la deuda si es que paga únicamente ese monto, en comparación con pagar el total facturado.
De aprobarse el proyecto de ley tal cual planteó el gobierno, la CMF tendrá la facultad para definir una fijación del pago mínimo que “genere efectos positivos en las finanzas personales de los consumidores, ya que, al disminuir el tiempo necesario para pagar la deuda, también disminuyen los costos totales del crédito y la posibilidad de morosidad”.
Reforma a la Ley de Fraudes
El paquete incluye también ajustes a la Ley de Fraudes para disminuir actos negligentes o de autofraude, un problema que estaban manifestando las instituciones financieras desde la entrada en vigencia de la norma en 2020.
De hecho, el aumento en las transacciones reportadas como fraudulentas ha ido en sostenido aumento desde entonces. Se propone que las instituciones financieras puedan tomar acciones legales contra el fraude, y se alargan los plazos de reembolso de 5 a 10 días, en el caso de transacciones menores a 35 UF.
Según explicaron desde el Ministerio de Hacienda, la iniciativa busca otorgar facultades a la CMF para dictar estándares mínimos que permita a los bancos e instituciones financieras excusarse del reembolso cuando acrediten contar con mecanismos de seguridad y haya elementos para presumir el dolo. De hecho, se propone que no sea posible desconocer transacciones realizadas entre cuentas propias ni tampoco si el usuario reconoció haber entregado sus claves.
