El 56% de los chilenos califica como mala o muy mala la situación económica de su hogar. Se trata del peor dato desde 2014, según una encuesta de Cadem. No es una sensación aislada: las expectativas negativas de empleo llegan a 88%, también un máximo histórico reciente.
Este malestar tiene un correlato concreto. Según el INE, la mitad de los trabajadores ocupados ganó $680.000 líquidos o menos al mes durante 2025, muy por debajo del promedio de $962.945. La brecha entre promedio y mediana revela que los sueldos altos terminan tirando el promedio para arriba, pero no representa lo que gana la mayoría.
La desigualdad también tiene nombre y apellido. Las mujeres ganan en promedio 21,7% menos que los hombres, y quienes trabajan por cuenta propia reciben apenas $534.267 al mes, la categoría ocupacional peor pagada. Con esos números, no sorprende que solo el 30% de los encuestados por Cadem confíe en que las medidas del Gobierno mejorarán los sueldos.
Es habitual que la conversación sobre la economía se centre en el crecimiento, la inversión o la megarreforma que se discute en el Congreso, y no cabe ninguna duda de que esos temas importan. El problema es que, mientras la mitad de los trabajadores vive con menos de $680.000 al mes, ninguna iniciativa que no se traduzca en un impacto directo en los bolsillos seguirá sonando lejana y corre el riesgo de no tener mucha legitimidad ante la opinión pública.
La pregunta no es si la Ley de Reconstrucción es necesaria, sino para quién se está reactivando la economía. Dado el tenor de los cambios, urge que sus beneficios queden más claros y palpables para toda la población.