El Gobierno ingresó este miércoles al Congreso tres vetos a la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, con los que busca eliminar los artículos 32, 39 y 40: el fin del anatocismo, el olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes.
Firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el veto supresivo del Ejecutivo busca eliminar normas del proyecto de ley que afectarían al sistema financiero, el acceso al crédito y a las pymes. "Las tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias", argumentó el titular de Hacienda sobre los artículos cuestionados.
El primer veto recae sobre el anatocismo, es decir, el cobro de interés sobre interés. Prohibirlo de forma absoluta, según el Ejecutivo, encarecería el crédito y elevaría la exclusión financiera.
El segundo afecta al olvido financiero, que elimina las deudas del registro tras un plazo. El Gobierno sostiene que la materia ya está regulada por el Registro de Deuda Consolidada (REDEC).
El tercero corresponde al pago a 30 días para las pymes. Sin excepciones, argumenta Hacienda, los proveedores quedan sin factura oportuna y sin financiamiento.
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Las dos primeras normas ya habían generado críticas de los reguladores. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, advirtió que el anatocismo y el olvido financiero causarían "un tremendo daño" al mercado financiero, mientras que el Banco Central recomendó por escrito no insistir en una prohibición absoluta del anatocismo.
Vetos supresivos: ¿Se pueden mantener las tres normas?
Un veto no bota la ley. Es una facultad del Presidente para devolver ciertos puntos al Congreso y pedir que se revisen otra vez. Los que ingresó el Gobierno son vetos supresivos: buscan borrar artículos específicos que los parlamentarios ya habían aprobado.
A partir de ahí, todo se juega en dos votaciones. En la primera, la Cámara de Diputados y el Senado deciden si acogen o rechazan cada veto. El listón es bajo: se resuelve por mayoría simple, la mitad más uno de los presentes en la sala.
El problema para la oposición aparece si quiere defender sus normas. Cuando el Congreso rechaza un veto, se abre una segunda votación, la insistencia, que sirve para dejar el artículo tal como estaba antes de la observación del Ejecutivo.
Y ahí está la traba: la insistencia solo prospera con dos tercios de diputados y senadores. Si no se junta ese quórum, el artículo se cae igual. La aritmética favorece al Gobierno: sin dos tercios en ambas cámaras, la oposición no puede blindar sus normas.
