El nombre de Maricarmen ha resonado con fuerza en España durante los últimos días, luego de que esta mujer de 87 años, con una discapacidad reconocida del 50%, fuera desalojada del departamento donde vivió desde 1956, en el barrio de Retiro, Madrid.
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, tiene 87 años y tiene una discapacidad reconocida del 50% y hasta el pasado miércoles 23 de septiembre vivía en un departamento del barrio de Retiro, en Madrid, donde residía desde 1956.
Después de varios años de conflicto con la empresa propietaria del inmueble, la mujer finalmente tuvo que abandonar la vivienda. Al salir, fue trasladada en camilla hasta un hospital para ser sometida a una evaluación médica.
El vínculo de Maricarmen con ese departamento se remonta a cuando ella todavía no era su arrendataria. En 1956, su padre firmó el contrato bajo el régimen español conocido como “renta antigua”, que contemplaba condiciones distintas a las de los arriendos actuales y permitía mantener durante décadas valores inferiores a los del mercado.
Tras el fallecimiento de su padre, el contrato pasó primero a su madre y posteriormente a Maricarmen. Sin embargo, este tipo de acuerdos tiene reglas específicas sobre la continuidad del arriendo cuando el titular fallece, el contrato pasa a otro familiar y finalmente a otro.
Del arriendo de €500 a uno de casi €3.000
La situación cambió cuando el inmueble pasó a manos de un nuevo propietario, la empresa Urbagestión, a la que muchos acusan de ser un "fondo buitre". Hasta ese momento, Maricarmen pagaba cerca de €500 mensuales, equivalentes a unos $549.640, pero posteriormente recibió una propuesta de arriendo por €2.650, cerca de $2.913.092 al mes.
El nuevo monto significaba multiplicar por más de cuatro lo que pagaba hasta entonces. Más adelante, la propuesta fue reducida a €1.650, unos $1.813.812, pero la cifra continuaba por encima de los ingresos mensuales de la mujer.
Maricarmen recibe una pensión cercana a unos $1.430.000. Para dimensionar esa diferencia, el salario mínimo interprofesional de España durante 2026 alcanza alrededor de $1.565.977, considerando bonificaciones.
El conflicto terminó en tribunales y, después de distintos intentos de desalojo, el Tribunal Supremo español respaldó el término del contrato solicitado por la empresa. Mientras el proceso seguía adelante, también se buscaron alternativas para que la mujer pudiera continuar en la vivienda, pero ninguna consiguió cambiar el desenlace.
El desalojo que movilizó a Madrid
El desalojo se concretó el miércoles, mientras vecinos y organizaciones se reunían en las inmediaciones del edificio para manifestarse a favor de la afectada, quien abandonó el departamento en camilla y posteriormente fue trasladada a un hospital.
El caso había generado apoyo entre quienes cuestionaban que una persona de su edad tuviera que dejar el lugar donde había vivido durante prácticamente toda su vida.
La situación también llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan quienes deben seguir pagando una vivienda mientras sus ingresos permanecen estancados.
En Madrid, además, el costo de los arriendos ha aumentado de manera importante durante la última década. De acuerdo con datos del portal inmobiliario Idealista, citados por CNN, el valor medio pasó de 12,8 euros por metro cuadrado en agosto de 2016 a 23,3 euros en agosto de 2026. El aumento explosivo en el precio de las viviendas también se ha dado en Barcelona, lo que incluso ha generado protestas de sus habitantes.
¿Qué tan cerca está Chile de un problema como el de Maricarmen?
Chile no enfrenta exactamente la misma situación jurídica que España, ni existe un equivalente directo al contrato de “renta antigua” bajo el que vivía Maricarmen. Aun así, lo ocurrido en Madrid permite mirar una pregunta que también está presente en nuestro país: ¿qué pasa cuando una vivienda está disponible, pero el ingreso de un hogar no alcanza para acceder a ella o mantenerla?
En Chile, esa dificultad aparece de distintas maneras. Hay familias que deben compartir vivienda por razones económicas, personas que tienen problemas para reunir el pie y hogares que, pese a contar con ingresos, no consiguen cumplir las condiciones necesarias para obtener un crédito hipotecario.
El mercado de arriendos también refleja parte de esta presión. Durante 2025, los precios en la Región Metropolitana aumentaron 3,6% en promedio, aunque con diferencias importantes entre comunas.
La compra tampoco resulta sencilla: entre 2010 y 2026, el precio de las viviendas aumentó 299%, mientras los ingresos crecieron 159%, según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).
A esto se suma que una familia de ingreso promedio necesita 11,4 años de sus ingresos para comprar una vivienda, mientras el déficit habitacional alcanza cerca de 980.000 viviendas, según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
