Las economías ilícitas mueven más de US$5.700 millones al año en Chile y generan pérdidas tributarias superiores a US$1.500 millones anuales, según estimó el informe "Por un Chile sin Economía Ilícita", elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) junto a 30 gremios y cerca de 70 expertos. La cifra equivale al 1,5% del PIB nacional y supera el producto de regiones completas como Ñuble o Los Ríos.
El estudio, presentado este jueves con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, concluyó que el fenómeno dejó de ser un problema sectorial para transformarse en una amenaza estructural para el desarrollo del país.
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El desglose por sectores muestra que el tabaco concentra US$617 millones en mercado ilícito, con pérdidas fiscales de US$1.000 millones, más de la mitad del presupuesto de Carabineros. Según el informe, el contrabando de cigarrillos alcanza cerca del 60% del mercado en Chile, con producto que ingresa principalmente desde Paraguay por pasos no habilitados de la Macrozona Norte.
Le siguen los casinos y apuestas online (US$625 millones), que operan sin regulación local y ya superan los ingresos de los 25 casinos legales del país; la agroindustria (US$530 millones); los sectores de aseo, desinfección y cosmética (US$600 millones); la pesca (US$430 millones); las farmacéuticas (US$363 millones); y el sector automotriz (US$362 millones).
El informe también estimó que las empresas destinan cerca de US$2.700 millones al año a prevenir y disuadir delitos vinculados a estas actividades ilegales, donde la contratación de seguridad privada representa el mayor componente con US$2.300 millones.
Según el estudio, las economías ilícitas funcionan como un sistema paralelo controlado por organizaciones criminales que participan en distintas etapas de la cadena, desde la producción y el robo hasta el contrabando, la comercialización y el lavado de activos. Esto, advirtió el documento, genera competencia desleal, desincentiva la inversión y afecta el empleo formal y el funcionamiento de distintos mercados.
"Las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en nuestras instituciones", señaló la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
45 propuestas para combatir la economía ilícita
Como respuesta al diagnóstico, la CPC presentó una agenda con 45 medidas agrupadas en tres áreas: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos relacionados con materias primas. A ellas se suman iniciativas transversales orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno.
Entre las principales propuestas figuran la creación de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas, la conformación de una Unidad de Economías Ilícitas con capacidades de análisis estratégico e inteligencia, el fortalecimiento de la trazabilidad de los flujos financieros mediante herramientas de inteligencia financiera y analítica avanzada, y la eliminación de la Tasa Máxima Convencional (TMC), en línea con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El informe también planteó medidas para reducir el uso de efectivo, impulsar campañas de educación y alfabetización ciudadana y desarrollar un sistema integrado de denuncias seguras con canales anónimos e interoperables para apoyar la persecución penal.
Brechas regulatorias y de fiscalización
La investigación identificó cinco brechas que favorecen el crecimiento de las economías ilícitas en el país: vacíos regulatorios; debilidades en la fiscalización estatal; problemas de coordinación institucional y de inteligencia; limitaciones en la trazabilidad de productos y dinero; e insuficiencias en el marco sancionatorio vigente.
El documento señaló que la transformación digital actúa como un multiplicador para la ilegalidad: el uso de plataformas encriptadas, la expansión del comercio electrónico informal y los activos digitales aceleran el flujo de recursos y dificultan la persecución penal.
"Cuando una sociedad comienza a normalizar que es posible progresar al margen de la ley, el daño va mucho más allá de la economía. Se debilita la cultura de la legalidad, se deteriora la confianza y se afectan los valores que sostienen la convivencia", afirmó Jiménez.
