El Senado aprobó por unanimidad, con 33 votos a favor, el proyecto de ley que extiende y amplía el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal FOGAES para la compra de primera vivienda.
La iniciativa sube el tope de las propiedades que pueden acceder al beneficio de 4.000 a 6.000 UF, aumenta los cupos de 50.000 a 80.000 y extiende su vigencia hasta mayo de 2028.
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El proyecto tuvo una tramitación exprés y respaldo transversal: fue despachado en apenas siete días desde su ingreso, con aprobación por 139 votos a favor en la Cámara de Diputados y por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado.
Con el respaldo de la sala del Senado, la iniciativa queda en condiciones de convertirse en ley.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró que el beneficio provenga del gobierno del expresidente Gabriel Boric, y lo describió como una política bien diseñada que el actual Ejecutivo buscó ampliar. "No es que nos hayamos encontrado con esto; este es un programa que venía funcionando y se venía agotando", afirmó.
Quiroz precisó que de los 50.000 cupos originales quedaban cerca de 10.000 y que el beneficio se extinguía en septiembre. "Queríamos llevarlo a la clase media, subir la puntería hasta las 6.000 UF", señaló el ministro.
Agregó que el Gobierno preveía que la medida coincidiera con la Ley de Reconstrucción y se potenciara con la exención del IVA a las viviendas nuevas.
Sobre el efecto en el crédito, Quiroz indicó que la extensión mantiene la rebaja en la tasa "aproximadamente un punto porcentual, del 4% al 3%". Y destacó que la garantía estatal también reduce la barrera de entrada, al permitir comprar con un pie cercano al 10% del valor de la vivienda.
El alza del tope a 6.000 UF suma además nuevas viviendas al universo elegible. "Según el Informe Nacional Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), este nuevo límite abarca el 88,1% del stock de viviendas nuevas disponible al primer trimestre de 2026, ampliando las alternativas para que las personas y familias puedan avanzar en la adquisición de una vivienda", señalaron desde Hacienda.
Con ello, el Gobierno busca mover un stock que al cierre del primer semestre de 2026 bordeaba las 100.000 unidades sin vender, en un mercado golpeado por los altos costos de financiamiento y la caída en las ventas, y así reactivar la construcción y el empleo.
