El gobierno presentó el proyecto de ley “Ordenemos las cuentas”, una iniciativa que busca extender el subsidio eléctrico, reducir presiones sobre las tarifas y regularizar deudas acumuladas en el sistema eléctrico sin afectar el presupuesto de las familias.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía, también contempla medidas para mejorar la calidad y continuidad del suministro en todo el país.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que el proyecto responde a los efectos que dejaron los congelamientos tarifarios y las posteriores reliquidaciones que impactaron las cuentas de luz. Así, la iniciativa se estructura en tres ejes: rebaja y certeza tarifaria, regularización de deudas del sistema y fortalecimiento de la seguridad del suministro.
El primer eje considera la extensión del subsidio eléctrico para apoyar a los hogares más vulnerables y entregar mayor certeza respecto de los costos de la energía. Además, incorpora medidas de mitigación para las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde las tarifas enfrentarían aumentos significativos.
“La extensión del subsidio eléctrico es algo básico para este proyecto. No vamos a dejar desprotegidas a las familias más vulnerables de nuestro país. No podemos permitir que el costo de la energía siga siendo una incertidumbre para los hogares”, afirmó la ministra.
Regularización de deudas y mejor servicio
El segundo eje apunta a regularizar procesos tarifarios pendientes y resolver las deudas acumuladas con empresas del sector. Según explicó el Ejecutivo, la iniciativa propone mecanismos de pago gradual entre 2028 y 2035 para la deuda asociada al componente de distribución, que acumula 43 meses de atraso.
“Los chilenos no tienen por qué pagar por decisiones mal tomadas. Estamos enfrentando una deuda heredada con responsabilidad para que no afecte a las familias, ya que, sin esta ley, las cuentas podrían subir hasta un 10%, pero no podemos permitir que ello ocurra”, señaló Rincón.
Finalmente, el tercer eje busca fortalecer la calidad del servicio eléctrico mediante mayores inversiones en zonas críticas y nuevas facultades para que la autoridad actúe ante riesgos de interrupción.
"Las familias necesitan pagar una tarifa justa y aun así tener continuidad y seguridad de suministro. La luz no puede fallar, y menos cuando y donde más se necesita”, concluyó.
