Un estudio de abogados presentó una demanda colectiva por casi US$17,7 millones contra las empresas responsables de construir y comercializar la Villa Panamericana en Cerrillos, tras detectar graves irregularidades estructurales, eléctricas y de habitabilidad.
La acción legal, presentada por Abogabir Miranda Abogados en representación de 311 propietarios del Lote B, apunta contra la constructora DLP, la Inmobiliaria Parque Cerrillos y sus accionistas.
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Según el bufete, se trata de la demanda colectiva de protección al consumidor más grande presentada en Chile bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Los departamentos de la Villa Panamericana se construyeron para albergar a deportistas durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.
En 2024, el proyecto adaptó las viviendas y las entregó a 1.355 familias beneficiadas por el Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Filtraciones, grietas y problemas eléctricos
De acuerdo con la demanda, los primeros problemas aparecieron apenas un mes después de la entrega definitiva de los departamentos. Los vecinos comenzaron a reportar filtraciones de agua, humedad y presencia de hongos.
Posteriormente, un informe pericial encargado por el estudio jurídico entre mayo de 2025 y enero de 2026 revisó 288 departamentos y detectó múltiples fallas en las viviendas y áreas comunes.
Entre los hallazgos aparecieron grietas en muros, ascensores inseguros, ventanas descuadradas, cerámicas sueltas, pisos desnivelados, filtraciones de gas y problemas en las instalaciones eléctricas, las que no cumplirían normas mínimas de seguridad.
El peritaje también identificó corrosión en la planta elevadora de agua potable y deficiencias en instalaciones para personas con discapacidad.
"Terminaron comprando un problema"
El abogado Nicolás Vassallo, del estudio Abogabir Miranda, cuestionó la respuesta de las empresas involucradas frente a las denuncias de los vecinos.
"En lugar de comprar un departamento como el que se les ofreció, nuestros representados terminaron comprando un problema", señaló.
"Todos los demandados, incluyendo a la constructora DLP y la Inmobiliaria Parque Cerrillos, entre otros, deben hacerse cargo de su responsabilidad: Pese a los múltiples daños y numerosos incumplimientos que han debido enfrentar estos 311 vecinos, han sufrido un absoluto abandono de parte de ellas y un trato vejatorio por parte de sus representantes, incluyendo actos de discriminación por su condición socioeconómica", añadió.
La demanda exige indemnizaciones por daño emergente y daño moral, montos que en conjunto suman casi US$17,7 millones.
Además, el comunicado del estudio jurídico apuntó a posibles responsabilidades del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), el Minvu y la Dirección de Obras de la Municipalidad de Cerrillos por autorizar la entrega del complejo. Sin embargo, ninguno de esos organismos figura como demandado en la acción judicial.
