La Ley de Portabilidad Financiera nació con una promesa ambiciosa: facilitar el cambio entre entidades, aumentar la competencia en la industria bancaria y permitir que más personas accedieran a mejores condiciones crediticias.
Sin embargo, las cifras muestran que el mecanismo todavía registra un uso reducido y que aún está lejos de transformarse en una herramienta masiva entre los consumidores, sobre todo porque ahora viene la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, otra iniciativa que busca aumentar la intensidad competitiva y abrir la puerta a nuevos actores, sobre todo desde el sector fintech.
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De acuerdo con datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), desde la publicación de la ley, el 9 de junio de 2020, los bancos registraron apenas 5.546 productos contratados mediante portabilidad financiera. Además, el mecanismo alcanzó a 4.760 clientes con solicitudes de portabilidad, de los cuales 3.438 correspondieron a bancos y 1.323 a cooperativas.
Asimismo, las cifras evidencian una fuerte concentración tanto en instituciones como en productos. Respecto a las entidades, Banco Consorcio lideró ampliamente las contrataciones mediante esta vía, con 3.841 operaciones, seguido por Banco de Chile con 837. Mucho más atrás quedaron BancoEstado con 292, Banco Itaú con 201 y Banco Santander con 114.
En cuanto a productos, los créditos de consumo encabezaron las operaciones realizadas mediante portabilidad financiera, con 3.809 contrataciones, mientras que los créditos hipotecarios sumaron 1.524. En contraste, los productos transaccionales tuvieron una participación marginal: solo se registraron 57 tarjetas de crédito, 54 cuentas corrientes y 40 líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes.
Una herramienta con beneficios difusos y utilizada principalmente para el refinanciamiento
Aunque la ley buscaba facilitar el cambio entre instituciones financieras en distintos productos, en la práctica su uso quedó acotado a operaciones donde existe un ahorro económico relevante para los clientes.
En este sentido, desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) sostuvieron que el diseño original del proyecto terminó alejándose de su objetivo inicial, centrado principalmente en los créditos hipotecarios.
“La portabilidad financiera fue una iniciativa impulsada por la industria. Esto, para acceder a mejores condiciones hipotecarias a través de facilitar el proceso de refinanciamiento cuando las condiciones de mercado así lo ameritaban”, señalaron.
"Sin embargo, y a diferencia de la experiencia internacional comparada, la ley salió con un enfoque maximalista, incluyendo prácticamente todos los productos financieros, no solo dificultando el proceso de implementación, sino también complejizando su funcionamiento sin claros beneficios", agregaron.
Por su parte, Héctor Tapia, gerente senior de Riesgo Financiero y Asuntos Regulatorios en Deloitte, afirmó que “más que un mecanismo masivo de movilidad financiera, se ha consolidado como una herramienta puntual para refinanciar créditos”.
“La portabilidad genera valor donde hay diferencial económico tangible, principalmente en créditos de consumo e hipotecarios. En otros productos como cuentas corrientes, tarjetas y cuentas vistas, el incentivo es mucho menor, con un beneficio difuso que no genera valor”, explicó.
Industria apunta a barreras comerciales y operativas
Así, pese a que la normativa simplificó parte de los procesos y redujo algunas barreras administrativas, los especialistas aseguraron que eso no fue suficiente para impulsar un cambio masivo entre los clientes.
“La portabilidad financiera cumplió su promesa regulatoria, pero quedó corta en su promesa económica”, afirmó Carlos Torres, socio líder de la Práctica de Payment de EY.
“Desde el punto de vista normativo, efectivamente creó un derecho exigible, estandarizó el proceso y redujo asimetrías de información, lo que antes no existía. Sin embargo, en la práctica, no generó una competencia automática ni masiva”, agregó.
En este sentido, Torres sostuvo que uno de los principales límites de esta herramienta es que las instituciones financieras no están obligadas a realizar ofertas. “El nuevo proveedor puede rechazar solicitudes por criterios de riesgo o comerciales, lo que limita el impacto competitivo esperado”, indicó.
Asimismo, desde la ABIF también apuntaron a un fenómeno que no queda reflejado en las estadísticas oficiales. “La baja contratación de productos vía la denominada portabilidad financiera no recoge muchos casos en los que el cliente accedió efectivamente a mejores condiciones sin necesidad de usar portabilidad, ya sea porque su banco quiso retenerlo o bien porque logró mejores condiciones incluso sin necesidad de seguir el proceso”, señalaron.
La resistencia al cambio como factor importante
Pero además de las barreras comerciales y operativas, los expertos también apuntaron a factores culturales y de comportamiento que terminaron limitando el uso de este mecanismo entre los consumidores.
“La autoridad -con buenas intenciones- trabaja sobre ciertos paradigmas, que en muchas ocasiones se alejan de lo que es la realidad y los criterios prácticos que utilizan los consumidores para tomar sus decisiones de consumo”, explicó Jaime Lorenzini, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Chile y socio de Lorenzini–Twyman Abogados.
En este sentido, el académico sostuvo que la portabilidad financiera terminó replicando problemas similares a los del llamado 'crédito universal'. “Estas soluciones implican recargar a los proveedores con muchas formalidades, lo que toma tiempo y recursos”, reflexionó.
“Los consumidores no conocen la existencia de la herramienta de portabilidad financiera. Incluso en caso de conocer del instrumento, su bajo conocimiento en educación financiera les impide comparar correctamente y tomar una decisión”, agregó.
Además, aseguró que existe un componente conductual que dificulta los cambios de banco. “Hay un riesgo de arrepentirse de las consecuencias de una decisión, y por eso mayoritariamente las personas prefieren mantenerse en su posición inicial”, cerró.
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