La modernización del sistema de pagos en Chile ha avanzado significativamente. Así lo afirmó José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), durante el seminario 'Desafíos del sistema de pagos: Roles y normativa', organizado por la entidad en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP).
Actualmente, los chilenos pueden realizar transferencias gratuitas las 24 horas del día, los 365 días del año, cuentan con tarjetas con chip, y el país dispone de una red de adquirencia que se ha multiplicado por seis en los últimos años.
No obstante, para el presidente de la ABIF el panorama no es del todo alentador: “Hoy tenemos cuatro veces más fraude que España”, advirtió, refiriéndose a los desafíos que enfrenta el sector.
En esa misma línea, y a pesar del progreso alcanzado, tanto las tarjetas como las transferencias electrónicas (TEF) siguen bajo amenaza. “Se están perdiendo decenas de millones de dólares mensuales. No es sostenible”, aseguró Mena.
Los desafíos normativos de la Ley de Fraudes, según el presidente de la Asociación de Bancos
Para el líder del gremio, la raíz del problema no es tecnológica, sino legal. Tras la modificación realizada en 2024, la Ley de Fraudes trasladó el riesgo al cliente, mantuvo la prohibición de que los emisores ofrezcan seguros contra fraudes y condicionó la restitución de fondos a que la víctima pruebe "culpa grave o dolo".
“Es insólito que no tengamos seguros… no hay ningún país en el mundo donde eso esté prohibido”, indicó Mena. Según detalló, la sola existencia de una póliza genera un incentivo para que emisores, procesadores y comercios inviertan en prevención, ya que una mayor siniestralidad eleva la tarifa y castiga sus márgenes.
También se refirió al estándar probatorio impuesto en 2024: para recuperar el dinero, la entidad financiera debe demostrar “culpa grave o dolo” por parte del cliente o del delincuente, un umbral que los tribunales difícilmente acreditan en delitos informáticos. “Ese esquema deja al consumidor solo frente al fraude”, criticó.
Ante este escenario, el ejecutivo propuso volver al criterio de “culpa leve”, vigente en la mayoría de los países de la OCDE, donde basta probar negligencia razonable para que la entidad restituya los fondos y luego inicie acciones penales o civiles contra el responsable.
Las consecuencias de una mala implementación
En definitiva, las consecuencias de un mal marco normativo podrían ser perjudiciales, según el presidente de la ABIF.
Sin la protección adecuada y ante un elevado riesgo legal, tanto bancos como fintech limitarán los montos o, derechamente, retirarán del mercado las tarjetas de prepago y las cuentas RUT, productos utilizados principalmente por migrantes y estudiantes. Ese repliegue -alertó- obligaría a millones de personas a volver al uso de efectivo, que considera “el medio de pago más negativo”, ya que incentiva la informalidad y aumenta la exposición a robos.
Para cuando entre en vigencia el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), Mena proyecta un ecosistema con más de 300 actores. “Si esto no lo arreglamos bien, va a ser un desastre”, alertó.
Así, concluyó que Chile tiene la oportunidad de “dar un salto a la liga europea” si alinea incentivos, moderniza la ley y fortalece al regulador. De lo contrario, advirtió que la desconfianza podría frenar la inclusión financiera y perpetuar el uso de efectivo justo cuando la tecnología permite lo contrario.
