La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles y envió a la Sala el proyecto de ley que busca mitigar el sobreendeudamiento, promover un uso responsable de los medios de pago y reformar la polémica Ley de Fraudes.
Esta decisión se produce después de que el Senado respaldara unánimemente la iniciativa, introduciendo más de 50 modificaciones para su mejora.
El miércoles, en una sesión en la que estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria Heidi Berner y el coordinador de Mercado de Capitales, Alejandro Puente, se revisaron los detalles del proyecto.
Este incluye, entre otros aspectos, una renovación de los programas de Fogaes para vivienda y construcción, un nuevo esquema de refinanciamiento para personas sobreendeudadas y ajustes en la regulación de los pagos mínimos de tarjetas de crédito.
El ministro Marcel enfatizó especialmente en la garantía estatal en el refinanciamiento de deudas, señalando que este mecanismo reduce el riesgo de los préstamos, transformándolos de riesgosos a considerablemente más seguros.
“Al ofrecer una garantía del Estado, sube la calidad o baja el riesgo a ese crédito y por lo tanto se traduciría en un préstamo que era riesgoso a un préstamo considerablemente menos riesgoso”, explicó.
El proyecto también traslada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la tarea de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito y fortalece la legislación contra los fraudes, aumentando los plazos para realizar las restituciones ante reclamos de fraude.
Esto otorgará más tiempo a las entidades financieras para presentar las denuncias necesarias ante casos donde se estime que existió dolo o culpa grave.
Además, se exigirá a los clientes que realicen una declaración jurada y una denuncia con validez jurídica por parte del usuario.
De hecho, desde el Ministerio de Hacienda manifestaron su preocupación por el aumento en las cifras reportadas de fraude. Solo en la primera semana de marzo, BancoEstado recibió reclamos por desconocimiento de transacciones equivalentes a US$11 millones, por lo que también se genera una afectación a las arcas fiscales al generar menores utilidades, indicaron desde la cartera.
