Proyecto de “borrón y cuenta nueva” de deudas: ¿En qué consiste y a quiénes beneficia?

En abril de este año se presentó un proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas que las personas mantengan impagas al 30 de abril de 2022. La iniciativa busca borrar de los registros aquellas obligaciones financieras menores a $2.500.000, pero no condonaría deudas impagas.

En este caso, la regulación de esta ley sería aplicada a distribuidores de información financiera a nivel bancario y financiero. Dentro de esta industria, se puede destacar el reconocido DICOM, un registro actualizado y público que cuenta con datos de personas naturales y empresas.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), buscan aclarar que “esta iniciativa no corresponde a un ‘perdonazo’, como lo han llamado algunos actores involucrados”.

Esto se debe a que el proyecto no plantea la condonación de la deuda, sino que afecta únicamente a la información de deudas impagas, evitando que estas sean comunicadas a terceros o que se hagan públicas.

Álvaro Acosta, director de Finanzas Corporativas de OpenBBK señala que “sin duda, esta ley beneficia de forma puntual a las personas, puesto que les va a permitir solicitar financiamientos a otras entidades que no puedan ver la información de sus pares o incluso hasta dejar de pagar puntualmente sus créditos”.

Actualmente, este proyecto de ley, originado en la Cámara de Diputados, se encuentra en su primer trámite constitucional. De momento, el último avance de esta iniciativa fue que se discutió en la Comisión de Economía.

En el pasado ya se han aprobado proyectos similares

Este tipo de iniciativa no es la primera en su tipo en el país, ya que en anteriormente en periodos de crisis económica se han aprobado proyectos de este tipo. La Ley 19.812 (sobre protección de la vida privada) del 2002, así como la 20.521 (sobre protección de datos de carácter personal) del 2012, también restringieron la comunicación de deudas impagas durante algún periodo de tiempo.

Respecto a este último proyecto, Álvaro Acosta de OpenBBK comentó que “se gestó una experiencia similar con un proyecto que permitió borrar velocidades de la información financiera de forma temporal. Cuando esta información volvió a estar en línea, los bancos tenían un 30% más de clientes en bolsa”.

“Esto podría implicar que la banca establezca políticas más restrictivas y deba aumentar considerablemente sus provisiones. Al final, lo único que se consigue es que se restrinjan de todas formas las condiciones y las posibilidades de que los bancos sigan financiando a los clientes”, reflexionó.

Por su parte, ODECU planteó que de aprobarse esta norma, debiese establecerse con un carácter permanente,
más que la sola referencia a un periodo temporal
. La sugerencia es que se active ante ciertos supuestos, como pueden ser los estados de excepción constitucional.

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