Cartas al director

Señor Director:

El debate legislativo en torno al proyecto de ley que busca regular y prohibir la subcontratación de servicios de call center fuera del territorio nacional aborda inquietudes de la mayor relevancia, como la protección del empleo local y la lucha contra las estafas telefónicas y el SPAM. Se valora y respalda el avance de la agenda legislativa en esta materia.

De todas maneras, resulta necesario aportar una mirada técnica que permita perfeccionar el proyecto, garantizando que cumpla sus objetivos sin generar distorsiones involuntarias en la economía ni en el desarrollo tecnológico del país.

En primer lugar, es fundamental distinguir entre la industria formal de atención al cliente y el flagelo de los ciberdelitos. Las estafas transfronterizas y las modalidades tipo wangiri provienen de redes informales y del crimen organizado que operan al margen de la norma. Por ello, establecer multas severas sobre el mercado formal no erradicará a los delincuentes, sino que afectará a las organizaciones que cumplen con la normativa vigente.

En segundo lugar, la iniciativa debe ponderar la realidad productiva de la industria actual, la cual ha evolucionado desde la atención telefónica masiva hacia servicios de alto valor agregado integrados con inteligencia artificial y plataformas multicloud. Requerir la repatriación obligatoria de operaciones, sin atender a las brechas de costos e inflación de la región, podría encarecer la operación en sectores como la banca, el retail, las telecomunicaciones y los seguros. Este escenario repercutiría en los usuarios finales e impulsaría una automatización acelerada mediante bots que terminaría reduciendo plazas de trabajo locales en lugar de resguardarlas.

Asimismo, es necesario revisar las restricciones al comercio B2B internacional para resguardar los principios de libre comercio y los acuerdos de reciprocidad de servicios ratificados por Chile, evitando eventuales represalias comerciales que afecten la exportación de servicios intangibles chilenos hacia la región.

Más que una prohibición absoluta, la solución radica en avanzar hacia una regulación inteligente basada en exigencias de trazabilidad, ciberseguridad, protección de datos personales y certificación de proveedores, asegurando el estándar laboral independientemente de la ubicación geográfica del centro operativo.

La experiencia internacional demuestra que el camino del fortalecimiento del sector ofrece mejores resultados que la restricción. Un ejemplo destacado es el gobierno colombiano, que ha designado al sector BPO como industria estratégica de crecimiento, promoviendo activamente su capacidad como destino de outsourcing, combinando incentivos fiscales, zonas francas y subsidios de capacitación laboral para atraer y retener operaciones, elevando al mismo tiempo el estándar del servicio.

El debate en el Senado representa una oportunidad para enriquecer la iniciativa con una mirada estratégica que apoye el avance de la ley, resguardando el empleo y la competitividad sin aislar al país de la integración regional y del ecosistema digital global.