La Asociación del Retail Financiero presentó siete propuestas para perfeccionar la Ley de Fraudes, con el objetivo de reforzar la prevención de estos delitos y entregar nuevas herramientas para combatirlos.
Entre las medidas destacan permitir el intercambio de información antifraude entre instituciones financieras, facultar a la Subtel para bloquear sitios y aplicaciones fraudulentas y otorgar mayor valor probatorio a la autenticación reforzada de clientes.
Las iniciativas forman parte de una presentación realizada por la asociación ante la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco de la discusión del proyecto de Reforma al Mercado de Capitales, conocido como MK4.
"Debemos tomar urgentes medidas para prevenir el fraude. Hasta hoy los mayores esfuerzos han estado concentrados en la asignación de responsabilidades", afirmó Alejandro Arriagada, secretario general de la Asociación del Retail Financiero, quien explicó que las siete propuestas buscan abordar el problema desde una perspectiva preventiva.
Según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), citadas por el gremio, las pérdidas por fraudes asociados a medios de pago sumaron cerca de US$990 millones entre 2022 y marzo de 2026.
Para 2026, el Retail Financiero proyecta alrededor de US$230 millones, si se mantiene el ritmo observado durante el primer trimestre.

Intercambio de información y bloqueo de sitios fraudulentos
Una de las principales propuestas apunta a permitir que las instituciones financieras compartan información para identificar y prevenir operaciones fraudulentas.
La iniciativa considera antecedentes sobre tipologías, patrones de operaciones sospechosas, modalidades de ataque e indicadores técnicos.
"Hoy los defraudadores muchas veces operan en varias entidades al mismo tiempo; necesitamos alertas sistémicas que permitan prevenir los fraudes y mitigar sus efectos cuando esto ocurra", explicó Arriagada en conversación con Chócale.
Otra medida busca facultar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para ordenar el bloqueo de sitios web, dominios y aplicaciones utilizados para cometer fraudes financieros, ofrecer créditos ilegales o realizar actividades vinculadas a la usura.
Consultado por la posibilidad de que estas plataformas reaparezcan mediante nuevos dominios —como ha ocurrido con los sitios de apuestas ilegales— el representante del Retail Financiero reconoció las limitaciones de esta herramienta.
"El bloqueo no impide que aparezcan nuevos dominios y no lo presentamos como una bala de plata, por eso proponemos un conjunto de medidas. Pero sí permite interrumpir canales de captación de víctimas y dificultar la operación de plataformas identificadas por la autoridad", señaló.
En esa línea, agregó que "su eficacia está en la capacidad de reaccionar de forma continua, no en un bloqueo aislado". Por eso, planteó incorporar monitoreo posterior al bloqueo y alertas que permitan a las autoridades tomar medidas para evitar que los sitios y aplicaciones vuelvan a estar en línea.
También consideró importante compartir información con la Fiscalía Nacional del Ministerio Público.
Autenticación reforzada y sanciones por abuso
Otra de las propuestas busca que la CMF certifique el cumplimiento de los estándares de autenticación reforzada del cliente (ARC), de manera que exista un respaldo técnico de la autoridad y tenga un valor probatorio ante los tribunales.
El ejecutivo sostuvo que actualmente los antecedentes tecnológicos que entregan los emisores no siempre reciben suficiente reconocimiento en los Juzgados de Policía Local.

"En la práctica, como los antecedentes tecnológicos son aportados por los propios emisores, los tribunales muchas veces no les reconocen suficiente valor probatorio, aun cuando permiten acreditar que el cliente utilizó voluntariamente sus claves y mecanismos de autenticación", afirmó.
Por eso, planteó que la certificación de la CMF permitiría contar con un respaldo de la autoridad que exige estos estándares. "La autenticación reforzada debe tener un valor probatorio claro cuando la entidad acredita que cumplió los estándares exigidos por la CMF. Es evidencia tecnológica", agregó.
Entre las medidas también figura tipificar la usura extorsiva como un delito específico, dirigido a situaciones en que préstamos ilegales incluyen intimidación o violencia para exigir el pago de las deudas.
"No es solo un problema de intereses usureros, en estos casos la deuda se utiliza como mecanismo de presión y amenaza sobre la persona y su familia", explicó Arriagada.
El resto de las iniciativas apunta a reforzar las sanciones frente a quienes realicen declaraciones falsas, simulen fraudes o desconozcan maliciosamente operaciones para obtener restituciones de manera indebida. También propone permitir el término de contratos por uso abusivo o fraudulento reiterado del mecanismo de restitución.
Finalmente, el gremio propone mejorar la identificación de las operaciones en cartolas, estados de cuenta, aplicaciones y comprobantes, bajo el argumento de que una transacción que el cliente no reconoce no necesariamente corresponde a un fraude.
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