El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) decidió oficiar a la empresa Orizon Seafood tras recibir un reclamo de un consumidor que indicó haber encontrado una pieza dental en un tarro de jurel de la marca San José.
Mediante este oficio, el organismo solicitó que la empresa, en un plazo de 10 días, entregue los antecedentes que dispone del caso. Asimismo, pidió que informe sus protocolos o procedimientos de control de calidad; las medidas adoptadas para compensar al afectado; reclamos recibidos por casos similares; entre otros.
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Adicionalmente, el SERNAC está coordinando con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud para recabar otros antecedentes relevantes. Esta autoridad es la responsable de analizar y sancionar posibles infracciones a la normativa sanitaria.
En el ente fiscalizador tomaron conocimiento de este caso tras recibir un reclamo por parte del consumidor afectado. La persona señaló que se contactó con Orizon Seafood por correo electrónico para informarles de la situación, ante lo cual la empresa le solicitó una serie de datos del producto en cuestión.
Según el denunciante, la respuesta del proveedor fue el ofrecimiento de una gift card de $5.000, la cual decidio rechazar. Asimismo, indicó que días después acudieron a su domicilio para retirar la pieza, pero optó por no entregarla con el fin de conservarla como evidencia y así presentar un reclamo formal.
Luego de terminar el análisis jurídico del incidente y en caso de establecer una responsabilidad de la empresa, el SERNAC adoptará las medidas que considere pertinentes en defensa del consumidor afectado, sin descartar eventuales acciones judiciales.
Lo que establece la ley
La Ley del Consumidor establece que las personas tienen derecho a disfrutar de los alimentos sin temor, por lo que las compañías están obligadas a implementar todas las medidas necesarias para garantizar que los alimentos sean seguros y no representen un riesgo para la salud.
Si un consumidor detecta alguna irregularidad en un alimento, debe acudir a la Autoridad Sanitaria. Esto permitirá iniciar una investigación y, si corresponde, ordenar los sumarios sanitarios correspondientes, sin importar si se trata de productos envasados o vendidos directamente al público.
Independiente de la situación, la autoridad de salud tiene la obligación de verificar las condiciones sanitarias de los procesos. Esta gestión también facilita al afectado reunir pruebas que le permitan ejercer su derecho a solicitar una indemnización ante los tribunales.
Los consumidores que sufran cualquier daño por un alimento en mal estado o con alguna irregularidad, tienen el derecho a exigir las indemnizaciones que correspondan.
