La Resolución 69 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que exige a plataformas de apuestas en línea sin domicilio en Chile inscribirse para pagar el IVA digital, encendió una nueva polémica en torno a la regulación del juego online en el país.
Para Macarena Carvallo, ex presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, la medida manda una señal equivocada a la ciudadanía y deja fuera lo que, a su juicio, es el verdadero problema: el costo social de una industria que opera ilegalmente.
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"Son señales confusas, porque por una parte se está pretendiendo regular esta actividad que hoy día es ilegal en nuestro país, y por la otra tenemos un servicio autónomo que dicta esta resolución, indicándole a estas plataformas que podrán inscribirse y pagar el IVA", afirmó Carvallo, quien lideró la compañía durante los últimos cuatro años, en entrevista con Chócale.
Una actividad ilegal (que parece legal, pero no lo es)
En Chile, el juego solo está autorizado para cuatro entidades: Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, los casinos físicos autorizados y los hipódromos. Cualquier otra plataforma que ofrezca apuestas opera de forma ilegal, según la legislación vigente y lo que han ratificado dos fallos de la Corte Suprema.
Sin embargo, según Carvallo, la permanente publicidad de estas plataformas en medios masivos y redes sociales genera la percepción contraria entre la ciudadanía.
"Las personas ven en todos los canales, en Instagram, en TikTok, en todas partes, casinos de juego en línea. Ven figuras deportivas y referentes públicos que promocionan estas casas de apuestas, y por lo tanto entienden que está bien. Y la verdad... no está bien", sostuvo.
En ese contexto, la resolución del SII añade confusión. "Imagínate qué le queda al niño de 15 años que está jugando en una plataforma hoy día mientras está en el recreo en su colegio", planteó Carvallo, quien advirtió que el inicio del Mundial agudizará el problema en las próximas semanas.
Preocupación por la baja en la edad de iniciación en las apuestas
Uno de los argumentos más contundentes que esgrime Carvallo tiene que ver con los menores de edad. Se refiere al estudio Pantallas que Atrapan, presentado el año pasado por la Corporación de Juego Responsable, que evidenció que la edad promedio de iniciación en el juego bajó de 40 años a 15 años y medio.
"Nuestros niños son absolutamente vulnerables y permeables a este tipo de actividades. El cerebro de esos niños no está preparado para decir 'parece que no es tan bueno que yo haga esto', y entonces el niño, con ese impulso que le genera la pantalla, va y se envicia", describió.
La abogada también apuntó al sistema financiero. Según relató, con la Cuenta RUT los menores de edad pueden acceder a plataformas de apuestas sin mayores restricciones.
"Tampoco hay una protección por parte de las entidades financieras para hacer el debido resguardo y la verificación de que la persona que está apostando efectivamente sea mayor de edad y no un niño, que le puede mentir a la plataforma", apuntó.
En esa línea, relevó el aporte que hizo en los cuatro años de liderazgo en el directorio de Polla durante la discusión legislativa. "Logramos poner en el centro el cuidado de la población y salirnos de la recaudación. Poner el costo social, a la ludopatía y a los niños en el tapete, y a esta enfermedad de frente a las autoridades que van a tomar decisiones, para que lo hagan de forma informada", señaló.
Un debate que va más allá de la recaudación
Para Carvallo, el error de fondo es reducir la discusión a cuánto puede recaudar el Estado. "Creo que va mucho más allá. Esto es una política pública que se supone debiera durar una buena cantidad de años, y por lo tanto es mucho mejor hacer una buena ley ahora, y no estar arrepintiéndonos como lo hizo Brasil", advirtió.
Se refiere a la propuesta del presidente Lula da Silva, quien en marzo anunció medidas para prohibir apuestas con la tarjeta de beneficios sociales tras constatar sus efectos en la población más vulnerable.
En esa línea, la ex presidenta de Polla planteó que el proyecto de ley que hoy discute el Congreso debería, al menos, establecer un límite de licencias para la futura Superintendencia de Casinos y Juegos. "No sé si va a ser capaz de fiscalizar 3.000 plataformas, pero sí podría fiscalizar 10, 15 o 100. Pondría un límite", propuso.
Carvallo también recordó que Polla presentó en febrero de este año una querella que suma, además del delito contemplado en el artículo 277 del Código Penal, los cargos de lavado de activos y crimen organizado.
"Eventualmente, dentro de los próximos dos años podría haber noticias ligadas a esas investigaciones", anticipó.
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