Esta semana nos enteramos de que la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (Betano, Coolbet, Betsson, Latamwin y Betwarrior) encargó un estudio a una consultora estadounidense —Yield Sec— para dimensionar el tamaño del negocio de los casinos y apuestas deportivas por internet en Chile.
¿El resultado? Un mercado con ingresos brutos por US$3.100 millones durante 2024, con 5,4 millones de usuarios. Y, como guinda de la torta, prometen una recaudación de hasta US$800 millones anuales si el Estado se decide a regularlos.
El mensaje es claro, algo así como: “Miren toda la plata que se están perdiendo”. Pero vale la pena preguntarse: ¿queremos tener una industria que crece gracias a que más personas pierden su plata? ¿Es aceptable que el Estado gane a costa del juego, la ilusión de hacerse rico y, en muchos casos, la desesperación de quienes más necesitan apoyo?
En Chócale creemos que no (y por lo mismo nunca hemos permitido que anuncien aquí, pese a sus constantes insistencias). Estas plataformas no aportan ningún valor real al país ni a su gente. Su modelo de negocio depende de que sus usuarios pierdan dinero. Sí, algunos ganan. Pero la gran mayoría pierde. Y con eso no solo se vacían billeteras: se arrastran familias al sobreendeudamiento, a la angustia y, en los casos más extremos, a la ruina.
Parte importante de la actividad de apuestas en línea se concentra en eventos deportivos, una puerta de entrada particularmente peligrosa para jóvenes y adolescentes. Con transmisiones deportivas llenas de logos de casas de apuestas, influencers —los líderes de opinión para miles de personas— y plataformas que facilitan jugar desde el celular, el negocio se infiltra en la vida cotidiana sin control. Y eso, sin regulación, ni filtros etarios efectivos, ni límites reales.
A diferencia de los casinos físicos, que son fiscalizados in situ, generan empleo local, promueven el turismo y se vinculan al desarrollo regional —con hoteles, restaurantes y servicios asociados—, los casinos online y sitios de apuestas deportivas operan sin rostro, muchos desde paraísos fiscales, y con modelos de negocio absolutamente contrarios al interés público. Se llevan la plata y dejan el problema. ¿De verdad queremos formalizar eso solo porque el Fisco recaudaría un poco más?
El informe también intenta meter miedo: advierte que si se regula “mal” —es decir, con impuestos altos—, florecerá una industria ilegal y criminal. Es decir, nos proponen regular para evitar la ilegalidad, la cual ya lleva años operando y lo seguirá haciendo.
En otras palabras: posiblemente no quieren regulación para proteger a los usuarios, sino para asegurar su negocio. Incluso insinúan que si se baja el impuesto actual del proyecto (37,6%) al promedio internacional (22%), podrían llegar a aportar hasta US$1.000 millones al año.
Pero no podemos perder de vista lo esencial: esta industria crece a partir de la pérdida ajena. El casino nunca pierde. Y mientras más crece, más grave es el daño. La ludopatía es una enfermedad seria, con consecuencias familiares, laborales y sociales profundas. Y todavía no tenemos en Chile una red de atención pública robusta para enfrentarla. ¿Vamos a abrir las puertas a una industria que intensifica ese problema?
Hay quienes podrían argumentar que la regulación permitiría mayor control, transparencia y prevención. Pero esa es una trampa. Porque legitimar el negocio del juego en línea solo lo hará más accesible, más visible y más normalizado. Y lo que hoy ya es un problema creciente —con publicidad invasiva, apuestas integradas en el fútbol chileno y promociones que apuntan al FOMO (miedo a perderse algo)— se convertirá en parte estructural de nuestra economía.
Una regulación mal diseñada no soluciona nada. Pero una prohibición clara sí puede marcar un límite. La regulación que se discute actualmente en el Congreso corre el riesgo de blanquear una actividad que empobrece más de lo que aporta. Porque aunque se pinte de moderna y tecnológica, esta industria no ayuda a las personas a prosperar. Las empuja, sutil y silenciosamente, al otro lado.
Desde Chócale creemos que los sitios de apuestas online y casinos en línea deberían ser directamente prohibidos, y los operadores de telecomunicaciones obligados a bloquearlos. No hay ninguna razón válida para abrirle la puerta a una actividad que hace daño, aunque prometa ingresos fiscales. Hay muchas formas más éticas, sanas y sostenibles de recaudar recursos para salud, educación o seguridad.
