La llamada “Ley de Reconstrucción Nacional” —o “miscelánea”, como varios ya la bautizaron— y que fue anunciada el miércoles en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast es, en simple, un paquete gigante de más de 40 medidas que mezcla reconstrucción post incendios, empleo, inversión, cambios tributarios y ajustes regulatorios. La apuesta del gobierno apunta a reactivar la economía, acelerar proyectos y, de paso, ordenar las finanzas públicas en el mediano plazo.
La idea detrás del proyecto es que, si se bajan impuestos y se facilitan las reglas del juego, las empresas invierten más, se crean empleos y la economía vuelve a moverse. Ahí aparecen medidas como reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, eliminar el IVA a viviendas nuevas por un tiempo y dar incentivos para traer capitales desde el extranjero.
También hay medidas con foco más “social” o de reactivación directa: subsidios al empleo formal, recursos adicionales para zonas afectadas por incendios y beneficios como rebajar el impuesto a las donaciones o eliminar contribuciones para adultos mayores en ciertos casos. La idea es empujar el consumo, la inversión y la reconstrucción al mismo tiempo.
El problema —y aquí está el nudo del debate— es el timing. Chile viene de años de estrechez fiscal, con déficit y presiones por financiar gasto social. En ese contexto, bajar impuestos genera ruido: la oposición acusa que esto es una “reforma tributaria encubierta” que reduce ingresos cuando el Estado necesita más recursos, que beneficia a los más ricos y que a la larga podría aumentar la desigualdad o tensionar aún más las cuentas públicas.
Desde el gobierno, la respuesta es la típica: sin crecimiento no hay recaudación sostenible. La apuesta es que una economía más dinamizada podría terminar compensando la menor carga tributaria inicial, con más inversión, empleo y actividad. Pero al final termina siendo una discusión ideológica.
Al final, esta “ley tutti frutti” es un poco de eso: mezclar medidas con distintos objetivos y horizontes. Puede tener efectos positivos en inversión y empleo si logra destrabar proyectos, pero también abre una pregunta legítima sobre responsabilidad fiscal en el corto plazo. Y ese equilibrio —entre crecimiento y caja fiscal— probablemente va a ser la pelea de fondo en el Congreso.
