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Durante los últimos años, la regulación enfocada en promover la libre competencia ha sido fundamental para impulsar el ecosistema de pagos digitales en Chile, favoreciendo la apertura del mercado, mejorando la eficiencia y ampliando el acceso a diversos productos.
Así lo afirmó Ana María Montoya, economista, PhD en Economía, experta en medios de pago digitales y libre competencia, además de fundadora de RedPro Competencia y socia de Butelmann Consultores, durante su participación en el podcast “El Futuro de los Pagos” —producido por ChilePay en colaboración con Chócale, y presentado por Bci, Transbank y Mastercard—, un espacio que analiza el presente y el futuro de los pagos digitales en nuestro país.
Según Montoya, "hoy día es cotidiano que veamos distintos POS en los comercios y que muchos más comercios están afiliados a las redes de pago. Nos es más simple poder pagar que lo que era hace 10 años".
Esto ha sido posible gracias a los cambios que se introdujeron en 2015, como la eliminación de la exclusividad existente en la red de procesamiento de pagos, un avance crucial para reducir barreras de entrada y fomentar la innovación tecnológica en el sector.
"Los monopolios, en general, tienen menos incentivos a invertir, y están todos los riesgos de que —efectivamente— las tarifas que se cobren sean tarifas monopólicas y, por ende, nos vamos a un lado del mercado, los comercios, donde afectaba la inclusión y la penetración de los medios de pago", señaló la economista.
Judicialización y la necesidad de una coordinación regulatoria
La experta destacó que gran parte de los avances en materia de competencia surgieron luego de la intervención de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
A diferencia de iniciativas como la Ley Fintech, diseñadas específicamente para promover la competencia desde un marco normativo, este proceso tuvo un enfoque diferente. "Si bien no es una demanda ni nada, pero sí, efectivamente, es bastante judicial. (...) La esfera de judicialización tiene que ver con cómo partió esto", señaló la ejecutiva.
Pese a los avances logrados, Montoya criticó la falta de rapidez en la implementación de cambios, evidenciando una desconexión entre los actores responsables de las normativas. "El gran aprendizaje para los años futuros es que tiene que haber una mayor coordinación entre los reguladores financieros y las autoridades de competencia sobre lo que está ocurriendo en el mundo", explicó.
Asimismo, hizo hincapié en los largos plazos que ha implicado este proceso, subrayando la urgencia de mejorar la eficiencia para adaptarse a un entorno global en constante transformación. "Esto lo partimos en 2015, cuando ingresó la recomendación normativa, y ahora estamos en el año 2024, y todavía seguimos".
Desafíos estructurales y educativos
La Ley Fintech es otro tema central para la fundadora de RedPro Competencia, quien participó como asesora del Ministerio de Hacienda en su elaboración. "Lo que buscamos con esta ley es un objetivo de competencia, principalmente de innovación y de inclusión financiera".
Para alcanzar este propósito, se establecieron dos pilares fundamentales: la incorporación de las transferencias cuenta a cuenta como método de pago en comercios y el desarrollo de un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA).
En relación con este último, la economista señaló que permitirá un mayor acceso a los datos financieros, lo cual, mejorará las condiciones de crédito y facilitará la oferta de productos más adecuados a las necesidades particulares, tanto de personas como empresas
Es en este contexto, subrayó la importancia de la educación financiera para poder maximizar los beneficios de estas políticas.
"La gente que se beneficia (de estas iniciativas) son los más educados financieramente, porque la gente realmente no entiende muy bien. Entonces, aquí hay un rol también del regulador (..) que tiene que ver, también, cómo después esto se va a difundir, pero también las mismas fintechs, yo creo que van a hacer lo suyo", finalizó.
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