La Ley de Cumplimiento Tributario ha desatado intensos debates, tanto a nivel gubernamental como en la industria de medios de pago, generando cuestionamientos sobre su eficacia, equidad e impacto en la inclusión financiera.
Esto ocurrió luego de que Chócale revelara que la normativa —que exige a bancos e instituciones financieras reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII), cuando un cliente reciba más de 50 transferencias en un mes o 100 en un semestre— dejó fuera del control fiscal a las cuentas de provisión de fondos, también conocidas como tarjetas de prepago no bancarias.
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Juan Andrés Bravo, gerente regional de Medios de Pago en Vigatec y uno de los primeros en encender las alertas sobre esta omisión, advirtió que esta excepción —desde un punto de vista impositivo— otorga una “ventaja aparente" a las tarjetas de prepago frente a las transacciones directas, lo que afecta tanto la competitividad del sector como la eficiencia de la legislación.
Aunque el ejecutivo reconoció que incorporar las cuentas de provisión de fondos no bancarias en la regulación presenta desafíos, como la necesidad de que los emisores de estos productos actualicen sus sistemas tecnológicos y operativos, asumiendo costos adicionales, los beneficios "equilibrarían la balanza".
"Se mejoraría la recaudación fiscal al reducir la evasión, se aumentaría la transparencia y confianza en el sistema financiero fintech, se promovería la equidad competitiva entre todos los actores financieros y, además, se estrecharía el trabajo del SII con las fintechs, generando un conocimiento valioso para el regulador sobre los medios de pago”, añadió Bravo.
Alarmas ante un posible impacto en la inclusión financiera
El cofundador y CEO de Tenpo, Fernando Araya, expresó su preocupación por las posibles repercusiones que la nueva ley podría tener en la inclusión financiera. En su opinión, la discusión sobre la incorporación o exclusión de las tarjetas de prepago no bancarias es solo una parte del problema.
"En el caso de la ley de cumplimiento tributario, sin poner ningún juicio respecto a su finalidad de recaudación por parte del Estado, es alta la probabilidad que la frase que escuchemos con mayor frecuencia sea 'Acá sólo aceptamos efectivo' (..), una señal de alerta sobre los riesgos para la inclusión digital y financiera", afirmo, destacando la necesidad de abordar esta problemática con un enfoque más amplio.
El panorama digital en Chile ha experimentado un crecimiento constante en el uso de tarjetas y otros medios de pago electrónicos. Según Araya, este fenómeno refleja una tendencia en aumento, respaldada por datos del "Informe de Sistemas de Pagos 2024" del Banco Central, que indican que el 66% del consumo en los hogares chilenos se realiza a través de algún tipo de tarjeta.
En este contexto, el CEO de Tenpo subrayó que "no podemos darnos el lujo de perder el rumbo de ser la primera economía digital de Latinoamérica y, para ello, es necesario seguir incentivando y tomando acciones concretas para eliminar el efectivo, enemigo invisible, no solo de inseguridad delictiva, sino de inclusión financiera, ya que una economía en billetes y monedas es una economía informal".
¿Cómo están abordando los emisores de prepago esta nueva regulación?
Las entidades emisoras de prepago han enfrentado esta nueva regulación de diversas maneras.
Desde la Cuenta Prepago Los Héroes, informaron que cumplen con las normativas vigentes, señalando que "la exclusión de las cuentas de prepago de la obligación de informar transferencias al Servicio de Impuestos Internos (SII) responde a la regulación actual y nos adecuaremos en caso de eventuales cambios".
Por su parte, desde Tapp, la cuenta digital y tarjeta de prepago vinculada a la Caja de Compensación Los Andes, indicaron que cuentan con "protocolos y un compromiso concreto con la gestión transparente y responsable” y añadieron que están dispuestos a colaborar con las autoridades pertinentes en las discusiones que puedan surgir sobre la materia", según informó el Diario Financiero.
Consultados por Chócale, Copec Pay, Mercado Pago, Global 66, así como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y FinteChile, declinaron hacer comentarios al respecto.
