La madrugada del 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay anunció la intervención de Ueno Bank y el inicio de un proceso para resolver su situación financiera, tras detectar que la solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La crisis dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros, productos y servicios del banco.
“Cayó por algo bien antiguo: le prestó la plata de los depositantes a empresas del grupo dueño del banco, usando sociedades que figuraban como independientes. Eran créditos sin garantías, a empresas que no tenían cómo pagarlos”, explicó Mauricio Larraín, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y exvicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero.
“El detonante fue que, a fines de octubre, el banco informó que no podía devolver unos US$70 millones de la reserva de liquidez”, agregó Gabriel Valenzuela, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En este contexto, muchos se han preguntado: ¿Es posible que ocurra un caso similar en Chile? Expertos consultados por Chócale sostuvieron que un episodio así no es imposible, aunque la regulación chilena hace más difícil que ocurra.
“Imposible no es, pero acá es bastante más difícil, porque ya vivimos esto en la crisis de 1982 y nos costó carísimo”, planteó Larraín.
Límites y fiscalización de créditos relacionados
Una de las medidas para prevenir este tipo de crisis son los límites a los préstamos que los bancos pueden otorgar a empresas vinculadas con sus controladores. En este sentido, al comparar las reglas de Chile y Paraguay, Larraín advirtió que también es importante fiscalizar el cumplimiento.
“Hoy un banco puede prestarle al grupo de sus dueños un 5% de su patrimonio sin garantías; en Paraguay, 20%. Pero ojo, ellos también tenían límite. Lo que falló fue hacerlo cumplir”, aseguró.
Por su parte, Valenzuela explicó que la legislación chilena establece límites al monto que un banco puede prestar a un mismo grupo relacionado y también fija condiciones para este tipo de operaciones.
“El total prestado a un mismo grupo vinculado no puede superar el 5% del patrimonio efectivo del banco, y solo puede subir hasta el 25% si el exceso está respaldado por garantías. Además, esos créditos no pueden otorgarse en condiciones más favorables que a terceros, y está prohibido prestar a los directores del banco”, explicó.
Para Larraín, la fiscalización explica parte de la diferencia entre ambos países. “Las reglas se parecen; lo que cambia es la cultura de quien las aplica. En Chile, desde hace cuarenta años, vigilar los créditos a los dueños de los bancos es una prioridad, con equipos dedicados y décadas de práctica. Eso no se construye con una ley. En Paraguay las normas existían, pero no se aplicaron a tiempo”, afirmó.
Garantías del sistema chileno
Consultada por las medidas que buscan prevenir una crisis de este tipo, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso el foco en los límites a los créditos bancarios y en sus facultades para intervenir tempranamente ante situaciones de alerta.
“Nuestra legislación y regulación imponen límites y prohibiciones prudenciales objetivas exigentes para los créditos que otorgan los bancos, tanto en carteras relacionadas como no relacionadas”, señalaron a Chócale desde el ente regulador.
“La CMF cuenta con atribuciones para actuar tempranamente, con planes de regularización. Por otra parte, los requerimientos de Basilea III, tanto de solvencia como de liquidez, se encuentran completamente implementados en Chile”, agregaron.
En cuanto a la protección de los depositantes, Valenzuela explicó que existen distintos mecanismos según el tipo de producto financiero: “El primero es la garantía estatal a los depósitos a plazo y cuentas de ahorro de personas naturales: si el banco entra en liquidación forzosa, el Estado cubre el 100% hasta 200 UF al año por banco, con un máximo de 400 UF en todo el sistema”.
Asimismo, explicó que para los depósitos a la vista, como las cuentas corrientes, el Banco Central garantiza el 100% tanto a personas como a empresas en caso de liquidación forzosa. A esto se suma la posibilidad de que el organismo entregue financiamiento a bancos que enfrenten problemas de liquidez, bajo las condiciones que establece la normativa.
Aun así, estos resguardos no cubren todas las brechas. Valenzuela advirtió que Chile aún no cuenta con una ley de resolución bancaria que permita congelar una entidad inviable y traspasar sus activos y cuentas a otra institución para que los clientes sigan operando.
También falta una normativa para supervisar a los conglomerados financieros en su conjunto. “Sin esa ley, el supervisor ve al banco, pero no a todo el grupo que lo controla”, afirmó.
Finalmente, Larraín advirtió que la solvencia, el capital que absorbe pérdidas, no siempre anticipa una crisis. “La solvencia es el colchón de capital de un banco, pero la calcula el mismo banco: Ueno parecía sano semanas antes de caer”, reflexionó.
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