El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) comenzó una investigación en contra del Arzobispado de La Serena, administrador del Cementerio de Punitaqui, para esclarecer si cometió infracciones a la Ley del Consumidor en su rol de administrador del cementerio.
Hasta abril se contabilizaban 29 reclamos presentados al ente fiscalizador. En estos, las personas indicaban que el cementerio hizo cambios a las condiciones del servicio, incluyendo cobros en sepulturas que inicialmente se consideraban perpetuas.
Los afectados indicaron que no se les informó de los cambios en el contrato ni de los aumentos en las tarifas. Además, las familias reclaman por los cobros excesivos, incumplimiento del servicio de mantención, amenazas de exhumación de cuerpos e incluso exhumaciones sin previo aviso.
Ante esto, el SERNAC decidió oficiar al Arzobispado de La Serena para que entreguen información de los contratos y servicios ofrecidos. Al mismo tiempo, se les solicita dar a conocer el número de consumidores afectados, descripción de las circunstancias de los hechos, mecanismos y plazos para indemnizar los daños, entre otros antecedentes.
Cuando las personas contratan este tipo de servicios tienen derecho a recibir información de calidad. Aquí se incluye información de las condiciones del servicio antes de contratarlo, como por ejemplo: precio, ubicación, forma de pago, cobros por mantención, entre otros.
“Sin duda se trata de situaciones complejas, que afectan gravemente a las familias. Hay que considerar además que las personas podrían ser más vulnerables a abusos si se encuentran en un contexto de dolor por la pérdida de un ser querido, por ello iniciamos esta investigación”, declaró Rodrigo Santander, director regional del SERNAC.
Esta investigación del SERNAC tiene como objetivo analizar el comportamiento de la empresa Cementerio Punitaqui respecto a sus obligaciones y exigencias presentes en la Ley del Consumidor. Luego de finalizar este proceso, y en caso de detectar infracciones a la normativa, el organismo planea tomar acciones legales para defender a los consumidores.