Esta semana, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, anunció que el gobierno le dará urgencia al proyecto de ley que busca eliminar las llamadas publicitarias no solicitadas y el spam.
El anuncio llegó después de una reunión que el ministro mantuvo con los principales promotores de la iniciativa, los diputados Gonzalo Winter (CS), Mercedes Bulnes (CS-Ind), Javiera Morales (CS) y Boris Barrera (PC).
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“Es una iniciativa que nos parece fundamental en la lógica de proteger a los consumidores y evitar todo tipo de abusos”, comentó el ministro Elizalde.
La preocupación de los diputados surge debido a la implementación, por parte de algunas empresas, de software avanzados que les permiten realizar múltiples llamadas simultáneamente. Esta situación “ha hecho que muchas personas reciban en su celular 10, 15 o 20 llamadas al día”, recalcó el diputado Gonzalo Winter.
El proyecto busca regular estas prácticas, estableciendo que los consumidores solo recibirán llamadas publicitarias si han manifestado su deseo de hacerlo. Además, las empresas solo podrán comunicarse telefónicamente con un usuario si cuentan con su autorización.
En caso de aprobarse la iniciativa, si las empresas incumplen la medida enfrentarán sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los $91 millones.
“Estoy muy contenta que el ministro secretario general de la presidencia se haya comprometido a apoyarnos. Cuando las empresas usan el teléfono con llamadas spam para ofrecer productos no deseados, constituye una forma de acoso. Necesitamos tener una protección de nuestra vida privada”, indicó la diputada Mercedes Bulnes.
Los detalles del proyecto de ley para poner fin al SPAM telefónico
Este proyecto se presenta como una alternativa más sencilla al actual sistema “No Molestar” del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). En esta plataforma los usuarios tienen que llenar un formulario online para no recibir llamados que no quieren.
Por otro lado, las empresas tendrán la obligación, si el receptor de la llamada lo solicita, de informar de dónde obtuvieron el número telefónico, evitando así el tráfico indiscriminado de bases de datos.
Para lograr esto, el proyecto pretende modificar la Ley N° 19.416 en búsqueda de establecer normas de protección a los derechos de los consumidores, prohibiendo las llamadas telefónicas publicitarias sin voluntad del consumidor.
Los parlamentarios proponen establecer los siguientes artículos en la ley:
- “El no recibir llamados telefónicos publicitarios de proveedores a menos que se haya manifestado voluntad expresa de aquello”.
- “El proveedor que desee comunicarse telefónicamente para realizar una oferta publicitaria a un usuario, solamente podrá hacerlo si cuenta con la autorización expresa de este, y en caso de ser requerido por el usuario, la empresa deberá informar de qué manera obtuvo sus datos”.
- El inciso segundo del artículo 28 B —que actualmente regula este tipo de publicidad— se buscará reemplazar por el siguiente texto: “Los proveedores que dirijan comunicaciones publicitarias a los consumidores por medio de correo electrónico o postal, llamados telefónicos, o servicios de mensajería digitales o telefónicos deberán contar con la voluntad del usuario, si no lo hiciere, o faltare a la verdad sobre ello, será sancionado con una multa de hasta 1.500 Unidades Tributarias Mensuales”.
