El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que la economía chilena crecerá menos de lo que el propio Gobierno había proyectado: en vez del 2,1% estimado a comienzos de año, ahora la cifra apunta a "más bien parecida al 1,8%".
Lo dijo en el programa "DF al Cierre" de Diario Financiero, donde también adelantó que vienen dos nuevos proyectos de ley (uno laboral y otro de mercado de capitales) y defendió la cobranza de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El ajuste no sorprende del todo: los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) han sido negativos en los primeros meses del año, incluyendo un -1,2% en abril.
Quiroz atribuye eso a que el modelo de crecer vía gasto público "se agotó" y que el camino ahora pasa por atraer inversión privada, algo que tardaría más en reflejarse en los números. "El objetivo es lograr que Chile vuelva a ser 4%", dijo el ministro. Aunque ese es el horizonte de largo plazo, porque la meta oficial por escrito para 2030 es 3,5%.
¿Cuánto debe el país y qué va a pasar con el presupuesto 2027?
Chile cerrará 2026 con un déficit fiscal importante y una deuda pública que se acerca al 45% del PIB, un límite que Hacienda quiere no superar. Para lograrlo, el ajuste total proyectado ronda los US$6.000 millones.
Ya se ejecutó cerca de un tercio —unos US$2.000 millones— y "vienen 4.000 más", adelantó Quiroz. Eso se reflejará principalmente en el presupuesto del próximo año, donde el crecimiento del gasto será prácticamente nulo.
Para conseguir recursos adicionales sin endeudarse más, el Gobierno también apuesta por vender activos que el Estado tiene pero no usa. En una primera vuelta, el catastro de bienes prescindibles apunta a recaudar entre US$200 y US$300 millones, como departamentos, acciones en empresas y terrenos.
En una segunda etapa más ambiciosa, Hacienda plantea regularizar y traspasar al sector privado parte del suelo fiscal del norte del país, donde un tercio del territorio es del Estado. "No es ni siquiera un ánimo recaudatorio, sino que tú tienes que vender, regularizar y que la gente desarrolle actividad en su tierra propia", explicó el ministro a DF.
Dos nuevos proyectos de ley en camino
En materia laboral, Quiroz adelantó que el Ministerio del Trabajo enviará “próximamente” un proyecto orientado a la adaptabilidad.
La idea es flexibilizar cómo se miden las 40 horas semanales: en vez de contarlas cada semana, se podrían medir en el año completo. Eso permitiría a rubros con temporadas altas y bajas —como el turismo o la agricultura— distribuir mejor las horas de trabajo. También se estudia la polifuncionalidad, es decir, que un mismo trabajador pueda cumplir distintas tareas dentro de una empresa.
Desde Hacienda, además, viene un proyecto de desarrollo para el mercado de capitales, que según el ministro está "muy avanzado".
Y hay una tercera iniciativa en carpeta: impulsar la exportación de servicios basados en el conocimiento, un sector que hoy mueve unos US$3.000 millones de dólares al año, pero que Quiroz considera "muy invisibilizado".
¿Por qué el Estado está cobrando el CAE?
La cobranza judicial de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) generó polémica en las últimas semanas, con críticas incluso del expresidente Gabriel Boric.
Quiroz fue directo: "Las deudas se tienen que pagar, y se pagan en función de la capacidad de pago de cada persona, se están aplicando criterio".
Aclaró que, de los 500.000 deudores, 30.000 firmaron convenios de pago voluntario en los últimos 90 días. Sostuvo que las 1.500 personas a las que se les aplicaron embargos tienen ingresos superiores a $3,5 millones de pesos mensuales, y que 500 de ellas ganan más de 5 millones al mes.
Pero el ministro también reconoció que el sistema tiene un problema de diseño: hoy, si un deudor renegocia su crédito con el banco, la institución pierde la garantía del Estado, lo que desincentiva la renegociación.
"Tal vez hay algo en el sistema del CAE que hace que la gente no quiera renegociar. Hay una regla, estamos viendo si es legal o es reglamentaria; (cuando) la persona renegocia el banco pierde la garantía del Estado. Eso es un incentivo a no renegociar", dijo Quiroz.
Hacienda analiza cambiar esa regla para que menos personas entren en mora, lo que evitaría que el Estado tenga que desembolsar unos US$500 millones de dólares al año a los bancos por la cartera impaga.
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