Gran revuelo ha generado este caso en la banca chilena. El pasado 5 de septiembre, una ejecutiva de Banco Santander entregó una tarjeta de coordenadas a un supuesto cliente de la entidad y modificó sus datos de contacto, sin verificar su identidad, lo que transgrede todos los protocolos de seguridad establecidos. El hecho terminó en un fraude que superó los $315 millones.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por Chócale, la querella criminal presentada por Banco Santander apunta a todas las personas que resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores.
En la denuncia, presentada exactamente una semana después de la suplantación de identidad, se acusa de delito de hurto simple, suplantación de identidad e infracción a la Ley 20.009.
En el documento, presentado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se relataron los hechos que tuvieron lugar en un Work/Café de Avenida Príncipe de Gales, en La Reina. Los antecedentes llegaron a manos de Eugenio Labarca, gerente de Defensa Procesal de la entidad, quien presentó la querella.
Sin carnet de identidad y con firmas distintas
En la querella se detalló que la ejecutiva —fuera de todo protocolo— no solo realizó el bloqueo de una tarjeta de coordenadas que el presunto cliente había tenido desde 2021, sino que también entregó y activó una nueva Súper Clave, necesaria para poder realizar transacciones bancarias.
Además, la trabajadora imprimió la firma registrada en el banco y la que se usó en el formulario de entrega de la tarjeta de coordenadas, evidenciado una discrepancia entre ambas.
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“La señorita P.R., conociendo el protocolo que corresponde a la entrega de productos sin documentos de identidad lo trasgredió, pese a que la situación ameritaba hacer aplicación de aquel. La firma estampada por el supuesto cliente, difiere evidentemente de la registrada en el banco, es decir ni siquiera se trató de falsificar a través de la imitación, sino que se estampó cualquier firma, lo que debió ser advertido por una funcionaria capacitada y antigua como lo es ella”, se detalló en el documento legal.
A pesar de esto, la ejecutiva accedió a la petición del hombre y modificó sus datos básicos en el sistema del banco, como el correo electrónico y su número de teléfono. Se trata de información de vital importancia para la seguridad de los clientes, ya que dichos canales se emplean como mecanismos extras de seguridad con el fin de evitar fraudes.
Según el banco en la querella, la funcionaria debía solicitar al jefe de servicio al cliente una autorización para cualquier gestión en los antecedentes del cliente, así como aplicar el protocolo de validación de identidad, lo que tampoco habría realizado. “Es más: ni siquiera le comentó la situación a su referida jefatura”, dice el recurso.
Finalmente, luego de recibir la tarjeta y modificar los datos personales, el supuesto cliente se retiró de la sucursal.
Mientras tanto, la funcionaria continuó con sus labores y efectuó la misma gestión para otros clientes durante el mismo día, cumpliendo con el protocolo de validación de identidad, lo que da a entender que efectivamente lo conocía y aplicaba, sostiene la querella.
45 transferencias en una hora
Al día siguiente, en apenas una hora, el presunto cliente hizo 45 transferencias electrónicas por un total de $315 millones de pesos, distribuidas entre 7 cuentas personales y 7 cuentas empresariales. Como el tope por transferencia es de $7 millones, hubo cuentas de destino que recibieron hasta cinco operaciones de abono totalizando $28 millones e incluso llegando a los $35 millones por persona jurídica o natural.
Esto fue posible debido a que la cuenta pertenecía a una empresa, por lo que se pudo eludir las restricciones de monto. Además, la clave 3.0 (un código de seguridad proporcionado por el banco durante las transacciones) fue enviada al número de teléfono registrado por el sujeto el día anterior.
Un par de horas después, el verdadero cliente se comunicó con el call center de la institución financiera, indicando que no podía ingresar a su cuenta. Aseguró que tampoco podía utilizar la aplicación Santander Pass.
Aclaró que no había concurrido a la sucursal de Work/Café ubicada en La Reina ni que había retirado ninguna tarjeta. Además, según la querella, se asegura que el cliente “dice que en la compañía de teléfono también fue suplantado y que le cambiaron su línea telefónica por completo”.
Ante el reclamo, se activaron de inmediato las alertas correspondiente y se bloquearon los productos asociados al cliente, dando inicio a una investigación interna.
De acuerdo con la acción judicial, “la jefatura” de la entidad conversó con la funcionaria que hizo la operación indicada. “Ella manifiesta que le dio pena la persona, ya que le adujo haber sido asaltada previamente, por ello le entregó los instrumentos e hizo los cambios antes indicados, fuera de protocolo”, dice el documento.
“Estos ilícitos se encuentran en grado de desarrollo de consumado, pues los dineros salieron de la cuenta bancaria del cliente y, por lo mismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20.009, el banco es responsable de la restitución de los mismos”, sostiene la querella.
Levantamiento del secreto bancario, muestras caligráficas y oficios a bancos y empresas
Eugenio Labarca, gerente del Área de Defensa Judicial de Banco Santander Chile, solicitó que todos los involucrados del caso sean convocados a declarar y que se levante el secreto bancario de algunos de ellos.
Respecto del presunto cliente, se requirió la realización de muestras caligráficas de su firma y se espera que informe si fue víctima de suplantación en la compañía telefónica y si realizó una denuncia al respecto. Además, se ha pedido un Informe Comercial sobre la ejecutiva del banco para evaluar su situación financiera actual.
En relación con las empresas que recibieron transferencias por parte del presunto cliente, se busca identificar a sus representantes legales a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) y obtener información adicional del Registro Civil y el Ministerio Público para verificar si han estado involucrados en investigaciones previas.
La querella también solicita que se cite a declarar a la ejecutiva, identificada como P.R. El objetivo es consultarle cuánto tiempo lleva trabajando en la entidad, si ha sido capacitada con los protocolos de seguridad y por qué no los habría aplicado en este caso. Además, se busca establecer si alguien la contactó previamente con el objetivo de hacer el trámite de la manera en que lo hizo, y si se le ofreció algún dinero o regalía a cambio.
También se busca indagar si revisó la firma de la persona que concurrió ese día a solicitar la Súper Clave y si la comparó con la que está registrada en el banco. De hecho, los querellantes quieren saber si en la actualidad la ejecutiva posee problemas económicos, se pidió el levantamiento del secreto bancario desde un mes antes de los hechos y la obtención de un informe comercial “a fin de determinar su real estado económico actual”.
De todos modos, se pidió indagar al representante legal de la empresa afectada en el caso. Además de su declaración y de la prueba caligráfica, se espera conseguir su autorización para levantar el secreto bancario o que comparta sus cartolas.
Por último, se pide que Banco Bci, BancoEstado y Banco Itaú proporcionen los datos de las cuentas de destino, incluyendo los titulares. Además, se ha solicitado a la compañía Claro determinar la titularidad y las fechas de obtención de la línea telefónica utilizada por el cliente, así como los detalles de líneas anteriores y su historial de cancelación. Finalmente, se requirió información a Entel Chile sobre la dirección IP empleada en las 45 transacciones.
Desde Banco Santander declinaron proporcionar más detalles sobre las medidas de seguridad que se adoptan para trámites como el que se realizó para -presuntamente- defraudar tanto a la entidad como al cliente.
