El pago de las deudas es uno de los indicadores más importantes para medir el estado de salud del sistema financiero y de los hogares. Para llevar el pulso de su comportamiento, desde 2013 la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax realizan el Informe de Deuda Morosa de las personas en nuestro país. Para conmemorar esta primera década se dio a conocer el diagnóstico de estos últimos diez años.
Según las cifras, a marzo de este año, 4.150.039 personas tienen deudas impagas, con una mora total que asciende a US$10.500 millones y una mora promedio de $1.996.867.
Desde el primer informe de la USS y Equifax, en abril de 2013, se observó una tendencia al alza en la cantidad de personas con deudas impagas, montos en mora, porcentaje de morosos con respecto a la población y porcentaje de la mora en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).
Este incremento se originó después de la abrupta caída en esos indicadores a contar de febrero de 2012, cuando entró en vigor la Ley 20.575. El llamado “borronazo” eliminó los registros de las morosidades menores a dos millones y medio de pesos. No se eliminó la mora, por lo tanto, la salud financiera de esas personas siguió siendo de cuidado. Antes de esta medida, en diciembre de 2011, había cerca de 4 millones de personas con compromisos impagos, un 33% de la población mayor de 18 años de la época.
En los 10 años de informe, los niveles más altos se registraron en junio de 2020, con 5 millones de personas en mora, cifra fuertemente empujada por los 2 millones de empleos destruidos por la pandemia y una tasa de desocupación del 13,1%.
“Nuestros análisis muestran que la morosidad es el síntoma de una enfermedad mayor y un termómetro del funcionamiento de la economía. Al hacer el diagnóstico de la última década evidenciamos que, por cada punto porcentual de aumento del desempleo, las personas en situación de mora se incrementaron en 0,7 puntos porcentuales y la mora subió 0,3 puntos porcentuales. Esto demuestra que el acceso a ingresos permanentes a través de empleos formales y con mejores salarios es la mejor manera de reducirla”, explica Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
El quiebre transitorio de la tendencia al alza en los niveles de morosidad fue en junio de 2020, debido a los shocks de liquidez por los retiros de fondos de pensiones, ayudas estatales como el IFE y un nuevo “borronazo” que prohibió reportar deudas impagas en educación (Ley 21.214). En septiembre de 2020 se produjo la mayor caída del número de personas con deudas impagas, con casi 600 mil deudores de un trimestre a otro.
“Cada punto porcentual de aumento de la liquidez, condujo a una caída de las personas morosas de 0,3 puntos porcentuales y de la deuda morosa de 0,1 puntos porcentuales. A simple vista parece positivo, pero fue solo un descenso transitorio, ya que en 2022 se estancó esta caída, lo que respondió a los niveles más altos de inflación de las últimas tres décadas, ocasionados en gran medida por los retiros de los fondos de pensiones; la caída de los salarios reales; y un desempleo que cerró ese año bordeando el 8%”, agregó Weber.
Los morosos permanentes y preocupación por el segmento D
El estudio también examinó la persistencia de la morosidad en el tiempo y su impacto en diferentes grupos socioeconómicos en Chile. La investigación arroja luz sobre lo que denominan “morosos permanentes” y “morosos estructurales“, aquellos que han estado en mora durante periodos extensos de tiempo.
Los “morosos permanentes” son aquellos que han estado en mora de manera consecutiva durante 12 meses o más. Dentro de este grupo, los “morosos estructurales” son un subconjunto que ha estado en mora durante 36 meses o más. En marzo de 2023, se registró que 1.971.851 personas llevaban al menos 36 meses consecutivos en mora, lo que equivale al 47,5% del total de morosos.
Los números son aún más reveladores cuando se observa la morosidad acumulada en el tiempo. De los más de 4 millones de morosos registrados, el 71,9% ha estado en mora durante 12 meses o más, el 58,6% durante 24 meses o más, y el 32,5% durante 48 meses o más. Estos datos indican que la morosidad es un problema persistente y a largo plazo para muchos chilenos.
Para tener una visión más completa de la situación, los investigadores han desglosado los datos por grupos socioeconómicos (GSE) desde el año pasado. En marzo de 2023, se constató que el 61,7% de los morosos pertenecían al GSE D, que se define por ingresos mensuales de $651 mil.
De hecho, el 47,4% del GSE D está en mora, lo cual es significativo, ya que este grupo también representa el 48,3% del monto total de la deuda morosa. En contraste, sólo el 8,3% del GSE ABC1 está en mora, lo que sugiere que la morosidad está más concentrada en los grupos con ingresos más bajos.
La morosidad se concentra en el grupo de 30 a 59 años
Durante los 10 años de medición, la morosidad se ha concentrado en los grupos entre 30 y 59 años. En cuanto a cantidad de personas con compromisos impagos, el escenario más complejo fue para el tramo entre 30 y 44 años, que totalizó 1 millón 800 mil personas en marzo de 2020, cifra que corresponde a más del 40% de la población perteneciente a ese grupo.
Considerando la mora promedio, el monto más elevado perteneció al segmento entre 45 y 59 años, cifra que bordeó a los 3 millones de pesos entre septiembre de 2020 y julio de 2021.
En el análisis por género no se observaron diferencias en la proporción entre ambos. Durante todo el periodo los hombres presentan montos impagos cercanos al doble de lo adeudado por las mujeres.
Durante estos 10 años, el retail es el que agrupa la mayor cantidad de personas con deudas impagas y la banca concentra el mayor porcentaje del total de dinero impago (47% y 57% respectivamente, a marzo de 2023).
A marzo 2023 el 47,4% del GSE D (ingresos promedio de $651.196) presentó moras, con montos que equivalen a 2,4 veces sus ingresos promedio. El total en mora de este grupo abarca el 48,3% del monto total.
Los determinantes de la morosidad
Una reciente investigación realizada por Karol Fernández, PhD de la USS, puso de manifiesto que el desempleo es un factor crítico en el aumento de la morosidad en Chile.
Cada vez que el desempleo sube un punto porcentual, el número de personas morosas crece 0,7 puntos porcentuales, y la cantidad de deuda morosa sube 0,3 puntos porcentuales. Es decir, a mayor desempleo, más personas no pueden pagar sus deudas a tiempo.
Por otro lado, las condiciones más estrictas en el otorgamiento de créditos parecen reducir el número de morosos. Si la diferencia entre la tasa de los créditos de consumo y la Tasa de Política Monetaria sube en 1 punto porcentual -lo que indica un endurecimiento en la otorgación de créditos- se produce una disminución de 2,3 puntos porcentuales en el total de personas morosas, y la cantidad de deuda morosa disminuye 0,3 puntos porcentuales. Esto permitiría concluir que, si las instituciones financieras son más rigurosas al conceder créditos, hay menos personas que caen en mora.
Finalmente, la liquidez, o la cantidad de dinero disponible, también influye en la morosidad. Por cada punto porcentual de aumento en la liquidez, es decir, un exceso de saldo en las cuentas corrientes respecto al promedio histórico antes de la pandemia, se observa una caída del 0,3 puntos porcentuales en el número de personas morosas y del 0,1 pp en la cantidad de deuda morosa. En la práctica, cuanta más liquidez tienen las personas, menos propensas son a caer en mora.
