En un esfuerzo por aliviar la carga financiera de las personas y las pequeñas empresas sobreendeudadas, el Gobierno promulgó la nueva Ley de Insolvencia.
Esta normativa, que entrará en vigor dentro de los próximos tres meses, introduce procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajo costo para quienes luchan por mantener su solvencia.
Esta actualización legislativa, que fue aprobada en enero y luego promulgada por el Presidente Gabriel Boric, busca atenuar la pérdida social y económica a través de cuatro pilares fundamentales.
Entre ellos, se encuentran la creación de procedimientos simplificados para individuos y pequeñas empresas, el fomento de la reintegración del deudor al sistema crediticio, la mejora de las tasas de recuperación de créditos y la promoción de la reestructuración de pasivos.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, enfatizó la importancia de esta ley, especialmente para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas.
“Se crean procedimientos simplificados especiales para este grupo, de rápida tramitación y bajos costos. Con esto se promoverá la reorganización por sobre la liquidación, lo que incentivará la recuperación de créditos, se preservan empleos y se evita el corte de cadenas de suministro”, aseguró Grau.
La nueva ley también permitirá a las personas naturales que emiten boletas de honorarios y que enfrentan sobreendeudamiento, acceder a la renegociación gratuita de las deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR). Esta medida incluye a personas que anteriormente no podían acceder a este procedimiento por ser consideradas empresas.
Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, afirmó que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la actual ley, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.
Además, la ley incluyó mejoras destinadas a reducir la redundancia en los procedimientos legales y facilita el uso de la tecnología, permitiendo, por ejemplo, la realización de juntas de acreedores de forma remota.
La ley entrará en vigencia el 10 de agosto de 2023, proporcionando una luz de esperanza para las personas y pequeñas empresas en apuros financieros.
