Este martes entró en vigencia la Ley 21.504, que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con el objetivo de prohibir la comunicación de información sobre deudas contraídas para financiar servicios y acciones de salud a los burós de crédito como el Boletín Comercial, Dicom y otros servicios.
En respuesta a la nueva legislación, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) bloqueó la comunicación de esta información en la base de datos del Boletín Comercial, administrado por dicha esa institución gremial, informó en un comunicado.
La aplicación de esta ley llevó a la eliminación de la información de aproximadamente 65.000 personas y 79.000 registros que se encontraban publicados en la base de datos. La CCS informó que, ante cualquier duda sobre la aplicación de esta Ley, las personas pueden realizar consultas a través de la página web del Boletín Comercial.
Según explicó la CCS, la implementación de la ley fue coordinada con los burós de crédito que operan en el país, como Equifax, Transunion y Experian. La medida busca proteger la privacidad de las personas y evitar que las deudas de salud afecten sus posibilidades de acceso al crédito.
¿Qué dice la ley 21.504 sobre las deudas morosas en los servicios de salud?
La Ley 21.504 establece la prohibición de informar deudas contraídas para financiar servicios y acciones de salud en la Ley de Peoteccion de la Vida Privada (Ley 19.628).
Fue aprobada por el Congreso Nacional y surgió a partir de una moción del senador Jaime Quintana (PPD) y de los ex senadores Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS).
La normativa especifica que no se podrán informar las deudas contraídas con prestadores de salud públicos o privados y empresas relacionadas, sean instituciones financieras, casas comerciales u otras similares, en el marco de una atención o acción de salud ambulatoria, hospitalaria o de emergencia, sean éstas consultas, procedimientos, exámenes, programas, cirugías u operaciones.
De acuerdo con la ley, la normativa entra en vigencia a partir de los 180 días posteriores a su publicación -lo que ocurrirá este martes-, y los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones relacionadas con estas deudas deben eliminar todos los datos vinculados dentro del plazo.
