El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha ido en aumento en los últimos años. Durante 2022, la empresa Enel Distribución registró 759 casos en su zona de concesión, un aumento del 314% respecto al año anterior. Esto equivale a la sustracción de 30.360 conductores, lo que representa más de 760 millones de pesos en costos de reposición.
Este tipo de ilícito tiene consecuencias graves para quienes dependen del suministro eléctrico. Puede causar fallas en el suministro, variaciones de voltaje, interrupciones de servicio y descargas eléctricas que ponen en peligro tanto al personal técnico que realiza el mantenimiento de las redes como a los responsables del robo. Durante 2022, siete personas murieron durante el robo de cables y una persona sufrió un accidente grave.
Desde la empresa explican que el robo de cables afecta la continuidad y estabilidad del suministro eléctrico en el sector donde ocurre el delito, afectando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Se trata de un delito que también ha afectado a otros servicios básicos, como telecomunicaciones.
“Nos preocupa el aumento progresivo de los robos de cables. Como empresa, no podemos evitar directamente estos delitos, sin embargo, sí realizamos acciones para limitarlos, como la reparación, sellado y cambio de las tapas de cámaras e implementar sistemas de control de acceso a las bóvedas y monitoreo permanente de nuestras instalaciones, además de mantener la comunicación permanente con distintos municipios y Carabineros”, señaló Víctor Tavera, gerente general de Enel Distribución.
El ejecutivo hizo un llamado a discutir una ley específica para abordar el problema del robo de cables y evitar la compra y venta de cobre proveniente del robo.
Por su parte, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, aseguró que “los vecinos se ven gravemente afectados por la cantidad de horas sin luz. Nos preocupan especialmente los hospitales y centros de salud, los colegios y los emprendimientos comerciales, además de las personas electrodependientes. Este es un problema que afecta la vida cotidiana y deteriora la vida de barrio”.
La comuna más afectada por los robos de cables en 2022 fue Santiago, con 349 casos. Le siguen Recoleta (170), Providencia (102) e Independencia (83). Afecta especialmente a hospitales y centros de salud, colegios, emprendimientos comerciales y a personas electrodependientes.
Las autoridades piden a la comunidad que informe sobre cualquier situación sospechosa al número 600 696 00 00 o directamente a Carabineros. Además, han instado a las personas a no adquirir cobre sospechoso y a denunciar cualquier intento de compra o venta de este tipo de cobre.
