El miércoles la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que su cartera estaba explorando con las compañías eléctricas la opción de ofrecer a los millones de propietarios de los medidores eléctricos actuales comprarles sus dispositivos.
El jueves se supo que Enel había aceptado la propuesta del Gobierno, lo que fue confirmado por la misma distribuidora. La compañía manifestó “su total disposición a participar de una mesa de trabajo técnica que tendrá por objeto revisar el procedimiento de instalación de los medidores”, según informó El Mercurio.
Sin embargo, esta decisión desató el quiebre en la industria eléctrica. La Tercera informó que la mayor distribuidora por número de clientes del país no estaría de acuerdo. CGE pidió reestudiar la puesta en marcha de los nuevos medidores inteligentes “mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios”.
Otros ejecutivos del sector habían sido consultados por ambos medios y señalaron que no podían tomar una decisión así de apresurada.
La polémica de los nuevos medidores de la luz: ¿Quién los paga?
De aquí a 2025 se instalarán los nuevos medidores inteligentes de la energía eléctrica a más de 6,5 millones de clientes a nivel nacional. Estos nuevos medidores permiten mayores de niveles de monitoreo y control, y corresponden a una norma técnica que se aprobó por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en diciembre de 2017.
