Señor Director:

Chile se está transformando, silenciosamente, en un país de arrendatarios. Según el Centro de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de los Andes, hoy solo 2 de cada 10 familias pueden acceder a una vivienda propia. Si esa es la realidad, la pregunta de fondo es inevitable: ¿quién va a poner en arriendo las viviendas que el resto necesita?

La respuesta pasa por el inversionista inmobiliario. Cada vivienda que un inversionista compra para arrendar suma oferta, amplía alternativas y ayuda a contener los precios; y de paso destraba ventas, reactiva proyectos y sostiene empleo. Es el círculo virtuoso que el rubro necesita y que, además, fortalece la capacidad del propio Estado para financiar subsidios.

El problema es que Chile no cuenta hoy con una política permanente, explícita y consistente que incentive la inversión en vivienda para arriendo. Más allá del DFL2 y de algunas medidas transitorias, no existe una señal de largo plazo. Y cuando la rentabilidad neta se estrecha por la vía tributaria, también se reduce el incentivo para que alguien destine sus ahorros a poner una vivienda más a disposición del mercado.

Las medidas debieran orientarse a fortalecer un ecosistema que incentive la inversión y aumente la disponibilidad de viviendas en arriendo. Cuando el objetivo es reducir el déficit habitacional, cada actor cumple una función distinta y necesaria. En ese esfuerzo, el inversionista inmobiliario desempeña un rol que no debiera pasar inadvertido: destina capital para ampliar la oferta de viviendas y dar mayor dinamismo al mercado del arriendo. El desafío no es enfrentar a unos actores con otros, sino generar un marco que permita al Estado, las inmobiliarias y los inversionistas contribuir, de manera complementaria, a una solución que el país necesita.